¿Cómo frenar la deforestación y los cultivos Ilícitos en Colombia?
María Alejandra Vélez, Coordinadora Científica del CODS, responde esta pregunta para Semana en Vivo.
2/4/2019
4194

El pasado 29 de marzo, la profesora María Alejandra Vélez, coordinadora científica y de investigación del CODS, participó en un panel de expertos de Semana en Vivo para responder a la pregunta: ¿qué alternativas existen para que los habitantes del bosque no deforesten ni cultiven coca? Junto a ella estuvieron Carolina Urrutia, conductora del programa; Julio Andrés Rozo, experto en negocios verdes; y Luis Felipe Cruz, abogado investigador de DeJusticia.

La charla se centró en dos temas principales: la deforestación y los cultivos ilícitos. Debido a su extenso trabajo con comunidades del Pacífico colombiano, Vélez es experta en estos temas. Según ella, en Colombia más del 30% del territorio nacional está titulado colectivamente a comunidades negras del pacífico y a comunidades indígenas. La evidencia muestra que la titulación colectiva disminuye la deforestación a pesar de que en algunos de estos territorios se den todas las condiciones necesarias para tener cultivos ilícitos y que se expanda la deforestación.

Hemos encontrado una resistencia organizada, hay muchas comunidades que se han organizado para detener la entrada de esos cultivos ilícitos, dijo Vélez. En efecto, en un estudio realizado junto con Juan Robalino, Juan Camilo Cárdenas, Andrea Paz y Eduardo Pacay, en el cual se analizó el impacto de la titulación colectiva en la deforestación, Vélez concluyó que la titulación colectiva disminuye la deforestación en un 2%. Estos resultados se pueden explicar por la organización comunitaria la cual ha definido las reglas para el uso comunitario de los recursos naturales; y la expulsión de las empresas privadas dedicadas a la explotación maderera y palma aceitera .

La evidencia muestra que la titulación colectiva disminuye la deforestación a pesar de que en algunos de estos territorios se den todas las condiciones necesarias para tener cultivos ilícitos y que se expanda la deforestación.

Al ser interrogada por la presencia de mercados en estas zonas del pacífico Vélez explicó que, si bien la definición de los derechos de propiedad es un primer paso, no puede ser un punto final. Es necesario desarrollar programas en que se puedan desplegar proyectos sostenibles, que puedan acceder a cadenas globales sostenibles y que además premien la producción sostenible en términos ambientales y sociales. Además, mencionó la importancia de los pagos por servicios ambientales (PSA) en pagos colectivos o comunitarios como compensación por proveer servicios ambientales: producir captura de carbono, mantener los bosques, proteger la biodiversidad, etc. Sin embargo, hay que pensar quien asumirá los costos de la conservación. Según la profesora, el consumidor tiene que asumir un sobreprecio por unos productos que están producidos de una manera sostenible.

En cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos, no se puede pensar en un producto que supere el ingreso de la coca. Sin embargo, se debe pensar en un desarrollo más integral con bienes públicos y presencia del estado, inversión y apoyo a las capacidades de las comunidades. En su artículo mencionado más arriba afirma: “hay que hacer más que definir derechos de propiedad: provisión de bienes públicos, fortalecimiento de economías locales, y la reglamentación de la Ley 70 son algunos de los mínimos necesarios para seguir avanzando en la región”. Esto quiere decir que dentro de la política pública de sustitución una alternativa debe ser invertir en las comunidades que son las que ocupan los territorios y tienen capacidad de agencia, es decir, invertir en la capacidad de gobernanza, en el liderazgo de las propias comunidades que habitan el lugar.

“Hoy hay más o menos seis millones de hectáreas asignadas colectivamente a las comunidades negras del Pacífico, la Ley 70 cobija esto, ellos son la autoridad en el territorio, pero no reciben transferencias de la nación ni del municipio, difícilmente acceden al mercado financiero” dijo en Semana en Vivo. Como la gobernanza empieza por garantizar que las comunidades tengas los recursos necesarios para ejercer autoridad, sin recursos no se puede ejercer la gobernanza ni la autoridad sobre su territorio. Las comunidades que han ejercido resistencia a la entrada de cultivos ilícitos a través de mecanismos de organización, como las mingas colectivas, han tenido que financiarlas por sí mismos, las comunidades del Pacífico están asumiendo los costos. Así que cuando hablamos de invertir en gobernanza estamos hablando también de invertir en estos liderazgos, afirmó Vélez .

Se debe pensar en un desarrollo más integral con bienes públicos y presencia del estado, inversión y apoyo a las capacidades de las comunidades.

En el Plan de Desarrollo el gobierno anunció nuevas metas de erradicación forzada y una estrategia de aspersión aérea con glifosato para combatir el aumento de los cultivos ilícitos en el país. Sin embargo, más allá de los efectos negativos que tiene la aspersión aérea de glifosato en la salud, hay un tema muy preocupante y es la percepción de ilegitimidad desde el punto de las comunidades con esta, mencionó Vélez. Según María Alejandra, esta fumigación rompe la confianza en relación al gobierno.

En una columna llamada ¿Para qué glifosato? Aquí hay comunidades, publicada por la profesora Vélez el 16 de marzo de este año en La Silla Vacía, menciona que las comunidades no son actores pasivos en cuanto a los cultivos de coca. “Existen muchas formas y manifestaciones de resistencia para impedir la expansión de los cultivos de uso ilícito” escribe, y continúa “nuestra hipótesis es que el liderazgo local y la organización y resistencia comunitaria ayudan a explicar las diferencias en la penetración y expansión de cultivos de coca en los territorios” (refiriéndose a una investigación de su autoría financiada por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas –CESED-).

Toda la evidencia muestra entonces que la aspersión aérea no solo es nociva para la salud, sino que además genera una ruptura en la legitimidad del gobierno y una ruptura de la confianza de estas comunidades hacia el mismo. Por otro lado, Vélez asegura que hay evidencia que muestra que la inversión social (incluyendo derechos de propiedad, bienes públicos, inversión en gobernanza) podrían llegar a ser más efectivos [además de] construir confianza y no romperla. Además de esto, afirma que hay otras políticas que ya han demostrado ser más efectivas como incautaciones, destrucción de laboratorios y otras [medidas contra] otros eslabones de la cadena. Como es más fácil de medir, el foco está en el productor, concluye la investigadora.

COMPARTIR
fb
¿Quiere estar al tanto de las convocatorias del CODS y de todo lo relacionado con los ODS en América Latina? Suscríbase aquí a nuestro newsletter mensual.