Lo que necesitaría América Latina y el Caribe para tener una movilidad 100% sostenible
El documento más reciente del Centro ODS revela los desafíos que tiene la región para disminuir drásticamente las emisiones en el sector transporte.
12/4/2021
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En el mundo, el 23% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) provienen del sector transporte. Para lograr la neutralidad de emisiones en el año 2050, como lo establece el Acuerdo de París, es necesario que los gobiernos y el sector privado formulen estrategias para reducir al máximo la combustión de fósiles. En el último documento CODS publicado por el Centro ODS para América Latina y el Caribe, Mónica Espionsa, Florentino Márquez, Darío Hidalgo y Juan Felipe Franco — todos investigadores en el sector de transporte — analizan los principales desafíos para alcanzar una movilidad sostenible en la región. 

El documento CODS 9, titulado “Movilidad baja en carbono para el desarrollo sostenible y equitativo de las ciudades: desafíos y oportunidades para el transporte de pasajeros en América Latina y el Caribe”, ahonda en los retos más importantes que tendrán los países de la región para reducir las emisiones del sector transporte y alcanzar una transición hacia la movilidad baja en carbono y en pro del desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta la recopilación de opiniones de personas expertas en movilidad, así como una revisión literaria sobre el tema, el documento da a conocer las principales necesidades en este sector. 

Las metas y la situación de la región 

La investigación parte de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 (Acción por el clima), el cual establece que los países, a más tardar en 2030, deben incorporar “medidas relativas al cambio climático y promover mecanismos que mejoren la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático”. ¿Qué tan realista es reducir las emisiones de GEI y apostar por la neutralidad de carbono en el transporte urbano? ¿Cuáles son los avances en la  coordinación entre los gobiernos y los sectores de transporte? ¿Cuál será el rol de la participación ciudadana en la agenda de movilidad baja en carbono? Estas son algunas de las preguntas que busca responder el documento. 

En América Latina y el Caribe hay tres retos evidentes: recursos insuficientes para financiar proyectos transformadores de transporte, limitaciones en los esquemas normativos actuales y de financiación y, en tercer lugar, falta de consenso y articulación de conocimientos e intereses entre el sector público y los sectores gremiales del transporte. En los países en vías de desarrollo, como señalan en el informe, la demanda de transporte de carga y de pasajeros se duplicará entre 2010 y 2050. Y, de hecho, “en América Latina y el Caribe el transporte se perfila como el subsector con mayor tasa de crecimiento en generación de emisiones en las próximas décadas”.  De hecho, se estima que la población de la región puede superar los 750 millones de personas en el año 2050 (actualmente se calculan 629 millones de habitantes). 

En el documento se explica, además, que el transporte es el segundo sector que más emisiones de CO2 genera en el mundo (sin incluir las emisiones del transporte aéreo ni marítimo) después de la electricidad. En tercer y cuarto lugar están la manufactura y la construcción, respectivamente. Sin embargo, en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, “la preocupación frente al cambio climático se centra en la adaptación a fenómenos climáticos extremos y reducción del riesgo asociado, más que en la mitigación de las emisiones”.

De hecho, en América Latina y el Caribe muchos gobiernos han visto las medidas de mitigación de emisiones de GEI como “una amenaza para las fuentes de financiación de obras en la región”. Es más, según análisis citados en el documento, la reducción de los ingresos fiscales para la región por implementar medidas de mitigación podría ser del orden de 1,4 – 4,2 trillones de dólares americanos, proyectados a 2035. Por esta razón, afirman los expertos, son necesarios “cambios estructurales en las economías” y nuevas prioridades en las inversiones. Por solo mencionar un ejemplo: la mayoría de ciudades siguen priorizando proyectos de infraestructura vial, como carreteras, frente a otro tipo de inversiones, como esquemas de bicicletas públicas o cables aéreos. 

A manera de ejemplo, el documento cita inversiones costosas que se han realizado en América Latina,  como “el segundo piso de la periférica de Ciudad de México, los pasos a desnivel como el Túnel de Kennedy en Santiago, la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá o los viaductos urbanos de Ambato; proyectos de inversión pública que no necesariamente van en la dirección de transporte sostenible, pues continúan dando prioridad al transporte motorizado intensivo en emisión de carbono”.

Pistas para lograr el cambio 

Según el documento, es esencial trabajar con la ciudadanía, con los gobiernos locales y nacionales y con los gremios de transporte. En primer lugar, está presente la idea de que, en términos políticos, resulta más rentable construir vías que proveer soluciones de transporte público o no motorizado. En ese aspecto, por ejemplo, la ciudadanía podría intervenir con instrumentos de participación ciudadana o con el seguimiento a nuevas políticas públicas. 

En segundo lugar, el documento Cods también recomienda trabajar con los gobiernos para evaluar las opciones financieras en la región. Diseñar e implementar sistemas como líneas de metro, tranvías o  cables aéreos, por ejemplo, requieren años e inversiones de miles y billones de dólares y pueden tardar varias décadas en ejecutarse. Usualmente, los gobiernos locales tienen bajas opciones de endeudamiento. Y frente a la posibilidad de financiar proyectos a través de impuestos al carbono, por ejemplo, se afectaría a la población más vulnerable en la región (en América Latina, según la Cepal, 65 millones de personas viven en pobreza extrema), por lo que habría que pensar en otras opciones de financiación. 

Otro frente de trabajo está presente con los gobiernos nacionales. En América Latina y el Caribe, 24 de 26 países ratificaron sus contribuciones nacionales (NDC, por sus siglas en inglés) para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 bajo el Acuerdo de París. Actualmente, señala el documento Cods, existe un “cierto grado de desconexión entre los compromisos adquiridos por los gobiernos nacionales y las acciones que están desarrollándose en los territorios”. 

Por la estructura de los gobiernos nacionales y locales, sin embargo, la institucionalidad ambiental no tiene suficiente peso en el sector transporte y por esta razón se recomienda hacer cambios en toda la estructura institucional, pues las NDC se han desarrollado en una estructura de “arriba hacia abajo”, lo que ha generado diferentes desconexiones entre la nación y los municipios o ciudades. Hoy, los gobiernos tienen diferentes posibilidades para construir nuevos planes. A manera de ejemplo están las políticas de movilidad urbana, los planes locales de movilidad sostenible, entre otras que se han usado en el mundo. 

El rol del sector privado también será esencial. Como señalan los investigadores, “el mejoramiento del transporte público, la redistribución del espacio vial para hacer campo a peatones y ciclistas, las transformaciones tecnológicas (incluyendo los servicios de las llamadas Transportation Network Companies, TNC) y el desmonte de subsidios a combustibles fósiles, generalmente terminan teniendo férreas oposiciones de gremios tradicionales del sector”. Un primer paso es establecer mesas de trabajo con el sector transporte y comercial, pues de lo contrario esa transición en las emisiones no será posible. 

De cara a los años que se vienen, este documento da unas pistas importantes para pasar la página de los planes y comenzar la ejecución de proyectos de transporte sostenible en la región. Vale la pena recordar que el Acuerdo de París creó oportunidades de inversiones cercanas a los 23 billones de dólares para los sectores de energía renovable, transmisión y distribución de energía, infraestructura, residuos y transporte. No obstante, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita por doce países de América Latina y el Caribe,  el presupuesto para cumplir con sus NDC alcanza los 54 billones de dólares. Las alianzas público privadas, teniendo en cuenta este escenario, pueden ser fundamentales para alcanzar la transformación. Esto contando con la participación ciudadana y una nueva priorización por parte de los gobiernos. 

Los invitamos a leer el documento completo haciendo clic aquí.  

 

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