¿Crear nuevas áreas protegidas para la naturaleza o desarrollar agricultura y compartir la tierra en zonas de conservación? Esta pregunta ha generado serios debates en la academia y en los gobiernos que han buscado, durante los últimos años, definir una política ambiental de cara al futuro. En el documento más reciente del Centro ODS para América Latina y el Caribe (CODS), las investigadoras Ximena Rueda, Diana M. Trujillo, María Camila De la Hoz y Pamela Sanabria, explican los aspectos más relevantes de este debate y sugieren nuevos elementos para estudiar la relación entre agricultura y biodiversidad.
En el documento CODS, el cual pueden descargar aquí, se explica, en primer lugar, cómo la pérdida global de biodiversidad ha obligado a la humanidad a pensar en diferentes alternativas para buscar la conservación. Se han presentado desde proyectos para delimitar áreas protegidas hasta el pago por servicios ambientales. De hecho, también se han creado agencias gubernamentales especiales para el manejo de los recursos naturales. Todo este proceso ha sido complejo, teniendo en cuenta los intereses de diferentes empresas sobre los recursos naturales y, a su vez, la autonomía que han reclamado las comunidades étnicas en regiones como la Amazonia.
Este debate, señalan las autoras, es relevante para ahondar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15, sobre la conservación de ecosistemas terrestres. Dentro de las metas de este ODS está reducir la deforestación, conservar los ecosistemas montañosos y asegurar un balance entre quienes asumen los costos y quienes disfrutan los beneficios de la conservación de la biodiversidad. Para cumplir esta tarea se han propuesto diferentes estrategias, como la conservación o el uso de la biodiversidad a través de sistemas de gobernanza que garanticen el bienestar de los ecosistemas.
Como explican las investigadoras, este documento “muestra cómo desde Latinoamérica se han propuesto alternativas que se han ido negociando en los territorios para acomodar la visión de conservación de la agenda global con las necesidades, objetivos y deseos de los gobiernos nacionales y los grupos que históricamente han ocupado los territorios que hoy son objeto de los programas de conservación. Con base en este análisis, sugerimos elementos que permitan conciliar los ODS de mejoramiento de la producción agrícola, los ingresos rurales y el acceso a los recursos de la biodiversidad con los objetivos de conservación”.
En este artículo se explican las diferencias entre land sparing y land sharing, dos estrategias que ameritan ser estudiadas de cara a la formulación de nuevas políticas de conservación. Como señalan las autoras, “el debate sobre land sparing y land sharing tiene como trasfondo visiones sobre gobernanza de la conservación que son absolutamente implícitas. Por lo general, quienes abogan por land sparing suelen desarrollar su argumentación asumiendo un escenario de gobernanza de la conservación ortodoxo, esto es, una conservación basada en la delimitación de áreas de conservación como áreas naturales silvestres, parques naturales y otras figuras de exclusión de la vida humana, pero no mencionan el tipo de categoría de conservación que tienen en mente (…) Por el otro lado, quienes abogan por modelos de land sharing suelen asumir escenarios de gobernanza de conservación flexibles en los usos del suelo, pero con actores privados o comunitarios, pequeños productores o comunidades ancestrales, quienes ejercen estos usos amigables con la naturaleza, porque optimizan una canasta de bienes y servicios y no solo la productividad agrícola”.
Algunos ejemplos de la región
En este documento, por otro lado, se explora cómo los países han intentado aplicar estas estrategias desde su institucionalidad. En Colombia, por ejemplo, existen “una pluralidad de formas jurídicamente reconocidas que no están perfectamente acopladas con las categorías de manejo establecidas por la UICN. Además de los Parques Nacionales Naturales y Parques Naturales Regionales, hay Distritos Regionales de Manejo Integrado, Distritos Nacionales de Manejo Integrado, Distritos de Conservación de Suelos, Santuarios de Fauna, Santuarios de Fauna y Flora”, entre otras.
Por otro lado, el documento CODS también resalta la conservación de los tejidos forestales en México. Actualmente, señala, el 70 % de los bosques tropicales mexicanos se encuentran bajo la propiedad de comunidades agrarias o tejidos. Otro ejemplo es el de los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes en Colombia, quienes cuentan con un reconocimiento legal a su forma de vida desde el año 1993. En la actualidad hay 5.2 millones de hectáreas bajo el control de los pueblos comunitarios afrodescendientes de este país. En tercer lugar también se encuentran los esquemas alternativos de gobernanza en la Amazonia brasileña, principalmente los de las comunidades de caucheros, con cerca de 25 millones de hectáreas. Hoy existen 92 reservas extractivistas y de desarrollo sostenible en esta región.
Tras evaluar el debate sobre land sparing y land sharing y las tensiones resultantes, las investigadoras recomiendan evaluar la escala sobre la cual se buscaría intervenir, las comunidades que habitan en esos territorios; los recursos estatales para sostener las áreas de conservación; las especies y los ecosistemas objetos de conservación; la gobernanza territorial, sus elementos culturales y poner este debate a la luz de las realidades del cambio climático y otros problemas globales, como la pandemia del Covid-19.
