La literatura muestra cómo la crisis de deforestación en la Amazonía colombiana obedece al ciclo vicioso de abandono estatal, informalidad en las ocupaciones de tierras, acaparamiento y economías ilegales. La realidad institucional pone de manifiesto fallas conceptuales sobre cómo se combate la deforestación, y fallas estructurales sobre la magnitud de la respuesta estatal que se requiere. 

Este documento propone tres reformas legales e institucionales para enfrentar la crisis de deforestación en la Amazonía priorizando a las comunidades.

En primer lugar, se propone un régimen ambiental de baldíos específicos para la Amazonía que permita considerarlos medios de pago en esquemas de servicios ambientales, y haga posible la formalización de ocupaciones de campesinos y ocupantes medios, todo ello sujeto a medidas estrictas de verificación y cumplimiento. Tanto la creación de resguardos indígenas como la de zonas de reserva campesina representan avances importantes en la lucha contra la deforestación; sin embargo, es preciso resolver la cuestión de las ocupaciones de tierras con vocación individual.

En segundo lugar, se propone la creación de un fondo internacional para la regularización de las tierras en la Amazonía colombiana, que compense el costo de las tierras baldías adjudicadas a través de esquemas PSA y permita alimentar en forma proporcional y directa el fondo de tierras de la reforma rural integral.

Finalmente, se propone la creación de la Agencia Nacional de Servicios y Oportunidades Ambientales (ANSOA) como entidad descentralizada adscrita al Ministerio de Ambiente, el cual administra el fondo de compensaciones, desarrolla programas de PSA con enfoque territorial e implementa la política nacional de negocios verdes para dar estructura a la cadena de valor para el aprovechamiento sostenible de los bosques.

La expansión de la frontera agropecuaria a través de procesos desorganizados de colonización y deforestación ha sido el patrón normal de poblamiento de todos los estados en el mundo. En el caso de la Amazonía colombiana, tanto la comunidad internacional como los países que la comparten deben actuar con decisión para integrar agendas de política pública que respondan a las necesidades del territorio. El documento también incluye una serie de lecciones y recomendaciones para fortalecer la política ambiental y de tierras para otros países que comparten la región amazónica.