Para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13, el cual busca “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”, es clave que todos los actores de la sociedad civil se unan en una misma dirección. Es una tarea difícil, pero la cooperación “multi actor” puede dar luces para alcanzar ese objetivo. Justamente, el Centro ODS de la Universidad de los Andes financió la investigación “La cooperación multi-actor como base para la acción climática (ODS 13) y el desarrollo regenerativo y sostenible en Latinoamérica y el Caribe”, en el que participaron diferentes universidades de la región. 

De acuerdo con el informe, la región de América Latina y el Caribe tiene un rol clave y de relevancia planetaria en términos medioambientales. De los 17 países con la mayor biodiversidad terrestre, seis pertenecen a América Latina (México, Colombia, Perú, Brasil, Ecuador y Venezuela). Adicionalmente, a nivel global la región comprende alrededor del 60% de la vida terrestre, según la UNEP. Por otro lado, en los arrecifes de coral mesoamericanos habita la segunda mayor concentración de biodiversidad marina. 

Además de ser una región estratégica en términos ambientales, también es una de las más vulnerables frente al cambio climático. El estudio señala, por ejemplo, que “el riesgo de incremento en el nivel del mar es la mayor amenaza para esta región, afectando alrededor del 40% de la población Latinoamericana, que habita en la franja de 200 km de las zonas costeras continentales y, de forma especial, a las poblaciones de los Pequeños Estados Insulares del Caribe”. 

Revisando casos particulares sobre efectos del cambio climático, se tiene que  Colombia ha sufrido anualmente tanto el incremento en 3-5 milímetros del nivel del mar, como la reducción en 15-20 metros de los glaciares. Por otro lado, Brasil ha experimentado enfermedades como el Zika y el Dengue, producto del fenómeno del Niño. Además, ha sufrido de lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos severos; así como también un incremento en 1.5ºC en la selva amazónica. Y para mencionar un tercer ejemplo, Bolivia sufrió la destrucción del ecosistema del lago Poopó, donde desaparecieron alrededor de 200 especies de aves, peces, mamíferos y reptiles.

En otros países, el estudio ofrece los siguientes datos: el centro de México ha incrementado su temperatura en 4ºC y otras zonas aproximadamente en 1ºC. Además, ha sufrido sustanciales pérdidas en sus glaciares y bosques, cambios en la magnitud de las lluvias, huracanes, sequías, incendios, e inundaciones, poniendo en peligro de extinción a más de 2,500 especies. Por su parte, Jamaica ha presenciado huracanes con mayor intensidad y frecuencia que en períodos anteriores, así como también inundaciones, sequías, e incremento del nivel del mar. Solo el huracán Iván en el 2004 representó una pérdida de 8% del PIB. 

El Informe Planeta Vivo 2020 reveló, además, que existe una disminución general del 68% en el tamaño de la población de especies de vertebrados entre 1970 y 2016. La disminución de la población de especies es especialmente aguda en los trópicos, y América del Sur y Central la sufren en mayor medida, es decir, un 94% de pérdida en comparación con 1970. De acuerdo con WWF,  el cambio de uso de la tierra es actualmente el impulsor directo más importante de la pérdida de biodiversidad en la Tierra, junto con el cambio climático, la sobreexplotación, la contaminación y la introducción de especies invasoras. 

Cambios en la economía y en el medio ambiente 

De acuerdo con el World Integrated Trade Solution (WITS) del Banco Mundial, en 2019 los commodities en América Latina y el Caribe representaron el 30% de las exportaciones, los minerales y los metales el 13% y los combustibles el 10%.  En algunos países, el predominio de las materias primas en las exportaciones es muy superior al promedio, como en Colombia (56%), Chile (50.6%), Perú (50.5%), o Brasil (49.8%). 

Teniendo en cuenta esta realidad, es importante buscar soluciones para hacer una transición hacia economías no extractivas y, a su vez, buscar salidas para disminuir la pobreza y la desigualdad en la región. Para el desarrollo de la investigación se realizaron 28 talleres en 7 países de la región, con un total de 269 participantes, tanto de los gobiernos, como del sector privado o la academia y quienes dieron ideas sobre cómo la región puede ser resiliente frente a la crisis económica y ambiental. 

De acuerdo con la investigación, “una economía es resistente en la medida en que puede hacer frente, recuperarse, reconstruirse y, por lo tanto, minimizar las pérdidas de consumo agregado durante y después de las crisis. Si bien la concentración y la especialización permiten el crecimiento y las economías de escala cuando los tiempos son buenos, la diversificación de la industria se ha asociado con la resiliencia económica cuando los tiempos son difíciles”. 

Un reto urgente en la región es liberarse de la dependencia económica de la industria extractiva. Este, señalan los autores, “es un camino gradual y requiere una importante inversión en innovación. Restaurar la economía no será fácil y regenerarla será aún más difícil, se debe pensar más en una economía colaborativa, con negocios con propósito, impulsando una economía circular, una economía naranja, una economía inclusiva o cualquier economía que tenga en cuenta el desarrollo sostenible”. 

En diálogo con el Centro ODS, Maria Alejandra González-Pérez, PhD en comercio internacional y responsabilidad social corporativa, así como co autora del estudio, explicó que con la pandemia se necesitan asumir “nuevas perspectivas a largo plazo para superar las condiciones actuales y la degradación del medio ambiente”. En los talleres se pudo evidenciar, por ejemplo, la necesidad de “determinar los riesgos frente al cambio climático para reducir la incertidumbre, así como las consecuencias de la crisis económica”. 

Estas acciones, agregó González-Pérez, deben estar encaminadas a cumplir con la Agenda 2030 y deben tener un enfoque “multi actor” y para lograrlo “se deben reconocer esfuerzos y aprender a balancear los aspectos socio-económicos con los ambientales. Esta crisis del Covid-19 ha demostrado que el sector público y el sector privado deben estar unidos para salir adelante; en la medida en que los países de la región trabajen por alcanzar las mismas metas e involucren a todos los actores de la sociedad, la resiliencia puede surgir”. 

Dentro de otras recomendaciones de la investigación está que la transición debe comenzar “con la creación y el fortalecimiento de industrias (de propiedad local, cuando sea posible) que estén involucradas en la cadena de valor de las actividades de extracción como proveedoras (hacia arriba en la cadena de valor), como clientes (hacia abajo en la cadena de valor) o como competidoras nacionales (integración horizontal). Esto genera un entorno en el que la mayoría de los beneficios económicos se disfrutan internamente en el país y donde la variedad de industrias relacionadas permite un movimiento más fluido de la fuerza laboral”. 

El estudio también hace énfasis en la necesidad de explorar, desde la perspectiva multi-actor, las oportunidades en biocombustibles, energías renovables, circularidad, turismo sostenible y la construcción de la infraestructura “que sustente un nuevo modelo de desarrollo” que tenga el potencial de  emplear a miles de personas y generar riqueza en armonía con los objetivos climáticos nacionales y planetarios”. 

Para finalizar, es importante resaltar la importancia del enfoque multi-actor y de los estudios colaborativos. La investigación concluye que, “desde Aristóteles, la concepción de los seres humanos como ‘animales sociales’ reconoce la necesidad de cooperación para lograr el éxito. América Latina es una  región con una larga historia de inestabilidad política y bajo desempeño económico, el ODS 13 de lucha contra el cambio climático podría convertirse en la base para la acción colectiva y la cooperación”. 

En la región son necesarias plataformas de articulación y coordinación. “La academia, las empresas (o las asociaciones comerciales que las representan), los gobiernos locales y departamentales, los grupos de jóvenes, las organizaciones sociales y comunitarias deben poder participar en el diálogo colectivo, la negociación y el acuerdo mutuo sobre objetivos que trascienden y son mucho más ambiciosos que las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) del Acuerdo de París”, puntualizan los autores.

Si te interesa conocer más, acompáñanos a la presentación que realizará el equipo de investigadores el próximo 10 de Marzo del 2022 a las 10:00am (GMT -5) en el siguiente link.