Sobre esta nota informativa
Esta nota informativa resume las conclusiones del capítulo “Democracia, gobernanza y sociedad civil en Venezuela” en el libro “Comunidad Venezuela. Una agenda de investigación y acción local”, elaborado por Roberto Briceño-León. El libro es una recopilación de documentos basados en investigaciones de diversos autores y diálogos virtuales que se llevaron a cabo entre julio y septiembre del 2020. Esta iniciativa la coordinó el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS) de la Universidad de Los Andes, Bogotá, y el International Development Research Center (IDRC).
Introducción
La primera causa estructural de la crisis venezolana es el deterioro de las instituciones políticas. Aunque las consecuencias más evidentes son el colapso económico del que se deriva una catástrofe humanitaria sin precedentes en el país, en el origen del problema se encuentra la manera en la que la sociedad venezolana organizó la estructura del poder. En los aspectos políticos, las discusiones actuales suelen girar alrededor de eventos coyunturales que —como, por ejemplo, la convocatoria a elecciones o las coaliciones de los diversos polos de poder—, si bien son relevantes, no informan necesariamente las preguntas fundamentales: ¿cómo llegó Venezuela a esta crisis política?, o ¿cómo se perdió lo que había avanzado la democracia en la segunda parte del siglo XX? Basado en el trabajo de Briceño-León (2021), este resumen se ocupa de estos temas y prioriza el análisis del papel de la sociedad civil, usualmente olvidado en las discusiones de coyuntura política. Concluye con unas recomendaciones sobre una agenda de investigación que puede fortalecer a la sociedad civil y mejorar la gobernanza local, dos espacios resilientes en medio de la crisis.
Contexto histórico
En el final del siglo XX hubo un fortalecimiento del papel de la sociedad civil en Venezuela que se organizó alrededor de temas tales como impulsar la selección de las autoridades locales, mayor descentralización y participación de miembros de la sociedad civil en los organismos públicos. Esto fue posible gracias al desprestigio de los políticos y los partidos políticos, la percepción entre algunos venezolanos de cómo sus condiciones de vida no eran las que podrían ser, así como la creciente influencia de la clase media —con buenas relaciones con sectores del empresariado— en la vida pública. Contrario a lo que muchos esperaban, el fortalecimiento de la sociedad civil y de su agenda se paralizó, en buena medida, a causa del enfrentamiento entre las estructuras políticas tradicionales, por una parte, y, por otra, en razón al surgimiento del nuevo movimiento liderado por Hugo Chávez. La victoria del proyecto chavista, que arrancó como mesianismo militar y en el poder se transformó en un proyecto hegemónico, fue el obstáculo definitivo para el avance de la sociedad civil. En consecuencia, parte de la agenda de la sociedad civil —p. ej. fortalecer la gobernanza local y aumentar la descentralización— perdió relevancia.
El proyecto político liderado por el presidente Hugo Chávez intentó ejercer, desde muy temprano, un control estricto sobre las iniciativas y la organización de la sociedad civil. Aunque en teoría se proponía pasar de una democracia “representativa” a una democracia “participativa”, en realidad el nuevo gobierno terminó por fortalecer la concentración del poder en la figura del presidente. Ante el desprestigio y la debilidad de la oposición política, el proyecto hegemónico encontró que sus principales obstáculos venían de la sociedad civil organizada. Desde ahí, el debilitamiento de la sociedad civil por diferentes medios —en busca, en cambio, de fortalecer al gobierno y al partido de gobierno— fue un objetivo importante para el grupo en el poder.
Los politólogos han descrito de varias maneras la evolución de los últimos veinte años en Venezuela. Briceño León escoge dividir el análisis en dos periodos: entre 1999 y el 2012, se trató de una hegemonía carismática clientelar: un proyecto que no estaba interesado en la pluralidad política y encontró una forma de acción que giraba alrededor del carisma del líder y del aparato clientelista, ampliamente financiado por los grandes recursos provenientes, en los primeros años del siglo, de un petróleo a altos precios. La muerte del presidente Chávez y el progresivo deterioro de la situación económica marcan el segundo periodo —del 2012 al 2020—, el de la hegemonía autoritaria represiva. Ya sin carisma en el liderazgo y la amplitud financiera para mantener el poder, se ha acudido a un mayor autoritarismo, acompañado de una represión que se ha intensificado en varios niveles. Desde aspectos institucionales, como, por ejemplo, la competencia electoral, la cual fue fundamental para legitimar el acceso del presidente Chávez al poder y las primeras reformas constitucionales, ya no tiene reconocimiento amplio ni nacional ni internacionalmente, hasta aspectos de control social, en los que el incremento de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas del Estado ha sido ampliamente documentado (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2020).
La apuesta democrática por la sociedad civil
La investigación demuestra que, en medio de inmensas dificultades, la sociedad civil aún existe en Venezuela. Una hipótesis atraviesa esta reflexión: los valores democráticos que resultaron de cuarenta años de vivir en democracia han sido una base importante con miras a mantener en muchos venezolanos el interés de resistir al intento de implementar una hegemonía política. Un mapeo reciente coordinado por Briceño-León et al. (2019) encontró 958 organizaciones de la sociedad civil* activas en Venezuela, distribuidas en cada uno de los veinticuatro estados del país. La mayoría de estas organizaciones se dedica a la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y/o políticos. Aunque los autores encontraron que un 20 % eran organizaciones débiles, el panorama general permite afirmar que en Venezuela existe una sociedad civil activa y diversa que puede fortalecerse. Esto no es común a todos los regímenes autoritarios y representa un espacio de entrada fundamental para fortalecer, desde el nivel local, la democracia venezolana.
Deben trazarse unos objetivos precisos a fin de apoyar este fortalecimiento de la democracia, y así pasar de la declaración de unas buenas intenciones a la realización de programas concretos. En este trabajo se proponen tanto principios que deben sustentar las tareas de acción/investigación (por ejemplo, se afirma que la vigilancia y la denuncia son fundamentales en el propósito de resistir al autoritarismo) como programas puntuales de formación ciudadana, De manera que se enfatice en ellos, entre otros aspectos, los valores de la democracia liberal y la resolución pacífica de conflictos. Con la finalidad de sostener estos programas es necesario contar con estructuras organizativas que permitan facilitar el encuentro, la comunicación y la construcción de consensos. Probablemente, esto pasa, en principio, por contribuir a sostener los mecanismos de gobernanza local, formal o informal.
*Las organizaciones estudiadas por Briceño-León et al. (2019) fueron aquellas que figuran legalmente como asociación civil, fundación, movimientos, organización no gubernamental, agrupaciones, centro de formación o investigación.
Conclusiones y recomendaciones para la investigación-acción
La investigación con un componente de acción es una herramienta poderosa que permite apoyar los objetivos que se tracen en la apuesta democrática por la sociedad civil. La sociedad civil puede convertirse en la vacuna contra el autoritarismo y, con este propósito, necesita información tan rigurosa como sea posible. A fin de que esto ocurra se proponen cuatro líneas de acción para la investigación que podrían fortalecer de forma simultánea la sociedad civil y la democracia. Estas propuestas pueden implementarse en un corto plazo y es muy factible que su relevancia trascienda los posibles vaivenes políticos.
Fortalecer la cultura democrática y pluralista
Se requieren programas de formación, a diversos niveles educativos, que se enfoquen en:
• Reforzar la importancia de la libertad para escoger en una sociedad;
• Profundizar en la diferencia que existe entre votar y elegir;
• Fomentar el respeto de la diferencia como un valor superior a la homogeneidad; de la pluralidad como preferente a la unicidad.
Algunas preguntas de investigación pueden informar, en las fases iniciales de estos programas, la línea base de la que se parte. Entre ellas, se destacan: ¿cuál es el nivel de conocimiento y de aceptación de los valores de la democracia liberal en la dirigencia social y política de Venezuela?, ¿cómo entienden la participación de la sociedad civil en ese proceso de reconstrucción del país?, ¿forma parte el acto de votar parte de una transacción clientelar exclusivamente o si hay aspectos de cultura democrática substantiva que deban ser identificadas y reforzadas?, ¿cómo se informa políticamente el ciudadano de menores recursos a fin de decidir su voto?, ¿cuál es el nivel de tolerancia de la población venezolana hacia los otros distintos por grupos políticos y sociales?, ¿con quién se es más tolerante?, y ¿cuál es la percepción del umbral entre tolerancia y complicidad?
Por último, para implementar un programa educativo de este tipo hay varios aliados en Venezuela que ya tienen en su misión la búsqueda de una sociedad más educada. Aunque puede ser más difícil en el corto plazo involucrar al sector público, podría empezarse por trabajar con escuelas —p. ej., las de Fe y Alegría— y universidades privadas – p. ej., la Universidad Católica Andrés Bello— que hoy en día mantienen una visión 
a favor de la democracia. También algunas ONG actúan en la actualidad en el territorio, bien sea mediante la recolección de datos en todas las comunidades o bien en programas de formación y acompañamiento. Su experiencia y capacidad probada las hacen las aliadas ideales en un proceso como el propuesto (entre otras, se encuetran el Observatorio Venezolano de Violencia, Caracas Mi Convive, Acceso a la Justicia, Provea).
Fortalecer el tejido social
Los dos objetivos principales se enlistan a continuación.
• Impulsar las asociaciones y las organizaciones de todo tipo y de todos los tipos. Con independencia de cuáles sean los fines escogidos por las personas, de la misión que se establezca o de las formalidades que cumplan, es importante impulsar su creación, su funcionamiento y su diversidad.
• Incrementar los mecanismos de creación de confianza en el otro. Identificar los mecanismos que se han usado y se pueden implementar para construir sólidamente los nexos de confianza entre las personas.
Para avanzar en el corto plazo, se propone empezar por investigar unas líneas base en temas fundamentales. Entre otras, las siguientes preguntas de investigación informan esa búsqueda inicial: ¿cómo es la cohesión social en la sociedad venezolana?, ¿cuáles son los factores cohesionantes y cuáles los disgregantes de la convivencia social?, ¿cuál es la relevancia de esos mecanismos de apoyo mutuo en las condiciones actuales?, ¿pueden tener algún impacto en la solución inmediata de los problemas?, ¿o tienen relevancia como mecanismo educativo de fortalecimiento de la sociedad civil?
Además de los aliados citados en el punto anterior, de corte más académico y que podrían aportar en la respuesta a las preguntas de investigación, a manera de ilustración vale la pena rescatar ejemplos de tejido social que sobrevive en las condiciones actuales. Entre otras, se encuentran las cooperativas funerarias del estado Lara, los mecanismos populares de ahorro y crédito rotativo (conocidos como los “SAN” en Venezuela), la experiencia de los “pactos sociales” del municipio Chacao, impulsados con apoyo de la Alcaldía (Carrillo Peraza & Espinoza, 2008), la experiencia de las “madres” en Catuche (Zubillaga et al., 2015), o la de la regulación del uso del espacio público comunitario en el barrio San José de La Floresta (Hernández & Chacón, 2015).
En términos generales, las asociaciones y organizaciones deportivas pueden ser un espacio para la formación democrática. Asimismo, las organizaciones religiosas y los clubes de madres son espacios naturales para trabajar en este punto.
Fortalecer la gobernanza local
Los tres objetivos principales se enlistan a continuación.
• Rescatar el liderazgo local y brindarle herramientas para que pueda convertirse en impulsor del gobierno local democrático, bien sea en las organizaciones civiles o bien en las instancias de poder local municipal posibles.
• Apoyar la implementación de las experiencias locales y comunitarias de resolución pacífica de conflictos a nivel local, tales como los jueces de paz o las comisiones de vecinos, y, de forma paralela, reforzar la actuación de la justicia a nivel municipal.
• Reforzar los mecanismos no estatales de control social local que permitan contener o regular el uso de la fuerza en la vida cotidiana y mejorar la convivencia.
Para empezar, es necesario responder en cada uno de los territorios a intervenir si hay alguna oportunidad política, de modo que las fuerzas políticas y económicas locales puedan tener una mayor presencia en la gobernanza local. Posteriormente, ya existen preguntas más específicas según el proyecto a desarrollar: ¿en cuáles áreas es más deseable, en cuáles más factible?, ¿cuál es la factibilidad en el contexto social existente de establecer los tribunales municipales?, ¿cómo se puede retomar la práctica de los jueces de paz?, ¿en cuál tipo de comunidades? y ¿cómo protegerlos de su cooptación por el crimen organizado?
La amplia experiencia de algunos sectores a favor de la democracia en elecciones es un punto de entrada que permite identificar colectivos o personas que pudieran ser aliados en la búsquede de entender las dinámicas locales. En cuanto a experiencias locales en temas de justicia, se rescata la experiencia de los jueces de paz, la cual inició a partir de una ley aprobada en 1994 y, aunque no tuvo mayor desarrollo, constituye una propuesta interesante. Allí se planteaba la elección de los jueces de paz por la propia comunidad y su vinculación con la instancia municipal, lo cual se conectaría con la idea de un liderazgo local capaz de ofrecer mecanismos de conciliación (Acceso a la Justicia, 2020).
Fortalecer la cooperación público-privada a nivel local
Se tiene un objetivo principal:
• Establecer fórmulas que permitan incentivar el voluntariado privado en las actividades y organizaciones públicas, a fin de que prospere una cultura de la cooperación y de la corresponsabilidad sobre lo público.
El diseño de estas fórmulas debe empezar por tener claras unas respuestas a algunas preguntas base: ¿es posible pensar en modelos de cooperación público-privados que permitan
el aporte de la sociedad civil en estas dos dimensiones de la gestión pública?, ¿cuál es la factibilidad y cuáles son las resistencias políticas y culturales que tendría un modelo de cooperación publico privado de la salud y la educación?, ¿cuáles son las áreas y los niveles de atención en los que es posible aplicar este tipo de modelo mixto de gestión?, y ¿cuál es el límite deseable y posible de la presencia de empresas comunitarias o privadas en la gestión de los servicios públicos?
Hay algunos ejemplos exitosos de lo que aquí se propone. Entre otros, está el caso de la Cooperativa Cecosesola, en el estado Lara, la cual durante varias décadas ha administrado un mercado en Barquisimeto, con lo cual apoya a la pequeña o mediana producción de los campesinos a través de su encuentro solidario con los consumidores urbanos. La experiencia de las organizaciones educativas privadas, como, por ejemplo, Fe y Alegría, que tienen escuelas en los sectores más pobres y aislados del país, o las experiencias de la Cátedra Alexis de Tocqueville de Valencia, en el estado de Carabobo, o del Consejo de la Alianza por Nueva Esparta, el cual busca darle gobernabilidad y prosperidad a la isla de Margarita, muestran que existe un campo de estudio para producir un conocimiento que puede transmitirse y, deseablemente reprodirse, en otras partes del país.
También hay casos en el sector salud, como la experiencia del Hospital de los Tucaní, en el estado de Mérida, el cual, a pesar de ser una institución dependiente del gobierno central, contaba con una directiva (integrada por empresarios locales y dirigentes de la comunidad) que apoyaba y establecía las directrices de su funcionamiento. Finalmente, en asuntos de política de gestión pública, se rescata la experiencia del Consejo Consultivo de Barquisimeto, destinado a establecer las metas de desarrollo de la ciudad. Además, su gestión económica y territorial se mantiene como un espacio de encuentro ciudadano.
Puede consultar este artículo en inglés haciendo clic aquí.
Referencias
Acceso a la Justicia. (30 de julio de 2020). Propuesta para la reinstitucionalización de la justicia durante la transición. https://accesoalajusticia.org/propuesta-para-la-reinstitucionalizacion-de-la-administracion-de-justicia-durante-la-transicion/
Briceño-León, R. (2021). Democracia. gobernanza y sociedad civil en Venezuela. En A. Fajardo, A. Vargas García (Eds.), Comunidad Venezuela. Una agenda de investigación y acción local (pp. 11-40). CODS-IDRC.
Briceño-León, R., Falisse, M., & Ávila, O. (2019). Mapeo de actores de la sociedad civil en Venezuela. Laboratorio de Ciencias Sociales. LACSO. Working Paper.
Carrillo Peraza, M. R., & Espinoza, L. M. (2008). La victoria del ciudadano. Un modelo de acceso a la justicia a nivel local. Alcaldía de Chacao.
Hernández, M., & Chacon, A. (2015). Dinámicas municipales contra la violencia: el caso Chacao. En R. Briceño-León (Ed.), Ciudades de vida y muerte (pp. 255-282). Alfa.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2020). Venezuela: Informe de la ONU insta a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad. https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26247&LangID=S
Zubillaga, V., Llorens, M., & Souto, J. (2015). Una tregua es posible: la violencia y el pacto del cese al fuego entre mujeres y jóvenes armados. En R. Briceño-León (Ed.), Ciudades de vida y muerte (pp. 225-254). Alfa.