Por: Pamela Sanabria Cuervo
El cultivo de la hoja de coca en la región de la Amazonia viene desde los tiempos ancestrales. Las comunidades amazónicas cuentan que los grupos indígenas que han habitado este territorio históricamente han sembrado coca, entre ellos los huitotos, muinane, andoques, nonuyas, mirañas, yucunas y matapís. En la cosmogonía indígena, adquirir conocimiento es un proceso colectivo, en el cual mambear coca es fundamental. En algunas culturas indígenas, el chamán usa la hoja de coca para mantener su conciencia conectada con las dos dimensiones: la mágica y la ordinaria.
Esta concepción de la hoja de coca cambió radicalmente desde mediados de 1970, una época marcada por la introducción del cultivo de coca con fines comerciales. La Amazonia llamó especialmente la atención para el cultivo de coca debido a su fácil adaptación en las selvas húmedas, en donde los indígenas la conocían y cultivaban. Para inicios de los ochentas, los cultivos comerciales se extendieron desde la región del Vaupés hacia el occidente, siguiendo la vertiente del río Vaupés hasta llegar a Miraflores, en Guaviare. Las plantaciones industriales, que cubrían hasta 300 hectáreas y eran dirigidas por narcotraficantes, fueron establecidas en Guaviare a partir de los años noventa. De hecho, en 1994, este departamento era el mayor productor de coca del país.
Cultivos de uso ilícito en la región amazónica
En la Amazonia colombiana, 32 municipios cuentan con presencia activa de cultivos de coca: Vista Hermosa, El Retorno, Puerto Asís, Puerto Concordia y Mapiripán son los que reportan mayor número de hectáreas, según datos de Cealdes. Más aún, los seis departamentos que constituyen la región amazónica han estado relacionados con la dinámica de los cultivos de coca en alguna de sus etapas: producción, procesamiento, cristalización, comercialización o tráfico. Históricamente, Putumayo, Caquetá y Guaviare se han caracterizado por tener grandes extensiones de cultivos de coca y por la presencia de laboratorios para su procesamiento.
Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2019 en Putumayo se registró un total de 24.972,91 hectáreas de cultivos de coca, siendo el departamento amazónico con mayor extensión de cultivos de uso ilícito; seguido por Caquetá, con 4.511,46 hectáreas. Esta entidad advierte que el enclave productivo Frontera Putumayo, que se ubica en el límite de la frontera con Ecuador, contiene el 25,5 % de la coca de la región y el 5 % del total nacional sembrado. Por su parte, Vaupés, Guainía y Amazonas, si bien han registrado bajos índices de hectáreas de siembra de cultivos de coca, son territorios fundamentales para el tráfico por parte de actores ilegales.
¿La deforestación en la Amazonia se puede explicar por los cultivos de coca?
Según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (Cesed), existe una relación compleja entre la deforestación y los cultivos de uso ilícito. “En algunas regiones, los dos fenómenos, deforestación y coca, se concentran en la misma zona; en otras regiones, la coca se concentra en sitios ya deforestados, y en otras, la deforestación no está asociada a los cultivos de coca”. Esta idea la corroboraron diferentes líderes de la región, quienes le adjudican a la ganadería y a los grandes acaparadores la principal responsabilidad de la deforestación.
Lo que está claro es que los cultivos de coca inciden en la destrucción de los bosques en la medida que permiten abrir la puerta a otras actividades productivas con mayor impacto directo, como la ganadería. Por ejemplo, Juan Carlos Garzón, director del área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), mencionó que se ha evidenciado la transición de cultivos de uso ilícito a ganadería, debido a que esta segunda actividad económica no contiene la connotación negativa e ilegal que tienen los cultivos de coca. Asimismo, los cultivos de uso ilícito se han relacionado con la construcción de vías clandestinas y la aceleración en la transformación de bosque a agricultura con el fin de legitimar sus actividades y lavar activos.
Según Cealdes, la dinámica de la deforestación a raíz de los cultivos de uso ilícito varía cuando se ponen en el radar a los parques nacionales naturales (PNN). Si bien el número de hectáreas a nivel regional aún no parece ser importante, sí existe una correlación entre la pérdida de bosque y el aumento de los cultivos de uso ilícito dentro de áreas protegidas. En particular, Cealdes resalta el caso del PNN Sierra de La Macarena, un área protegida marcada, entre otras cosas, por el establecimiento de cultivos de coca. Y en el parque natural La Paya, ubicado en el departamento del Putumayo, el área sembrada por cultivos de uso ilícito presentó un incremento del 49 % en 2018, según la FIP. Esta entidad explica en su último reporte que el 47 % de los cultivos de coca en Colombia están en las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), zonas de reserva forestal de resguardos indígenas y tierras de comunidades negras.
Las políticas del Gobierno
Según la FCDS, el 50 % de la deforestación histórica del país está ubicada en zonas de conflicto armado. Entre 2017 y 2018, algunos municipios, entre ellos La Macarena, presentaron un aumento de eventos asociados al conflicto armado que coincide con sus indicadores de deforestación. Por eso, el Estado colombiano se ha empeñado en perseguir a los cultivadores de coca. En las últimas tres décadas han primado las acciones militares y estrategias como el uso de glifosato para erradicar la coca, políticas que han generado tensión con la población campesina y daños en los ecosistemas.
De acuerdo con María Alejandra Vélez, directora del Cesed, el uso del glifosato como método de erradicación ha tenido graves efectos. “Hay riesgos para la salud que no son bajos ni mitigables”, dijo la directora, y agregó que el glifosato está clasificado como “probablemente cancerígeno” desde el 2015 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sobre los ecosistemas, Vélez señaló que existen efectos nocivos en ríos, bosques y amenazas directas a la vida de especies como mariposas, peces y ranas.
De otro lado, Vélez señala que, como método de erradicación, las fumigaciones han ocasionado la propagación de cultivos a nuevas ubicaciones, causando deforestación en otros lugares. Según la directora, esta medida “ataca el eslabón más débil que menos ganancia le aporta a la economía ilícita de la cocaína (no afecta las finanzas de los narcotraficantes o grupos armados) y no es costo-efectiva para disminuir los cultivos de uso ilícito”. De hecho, un informe de Naciones Unidas señaló que en el periodo de 2001 a 2005 —época de fumigación con glifosato— en la región del Meta-Guaviare, el 52 % del área de cultivos de uso ilícito detectada correspondía a lotes nuevos de coca.
¿Y el Pnis?
Con el acuerdo de paz, el Gobierno instauró el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis). Este programa tiene como objeto promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito a través del desarrollo de programas y proyectos alternativos. De acuerdo con el último informe de la UNODC, presentado en agosto de 2020, bajo el Pnis han sido erradicadas 36.965 hectáreas de manera voluntaria. Del total erradicado, el 25,9 % se reporta en el Putumayo, convirtiéndolo en el departamento que más hectáreas ha erradicado voluntariamente según este informe.
En palabras de María Alejandra Vélez, el Pnis, por ahora, ha resultado más beneficioso que otras estrategias. Por ejemplo: mientras que el porcentaje de resiembra con aspersión es del 36 %, con el Pnis es de 0,8 %. Por otro lado, el costo de retomar la fumigación ronda los 72 millones de pesos por hectárea, casi el doble que la sustitución voluntaria (40 millones por familia). No obstante, de acuerdo con el último informe de la FIP, aunque el Pnis ha avanzado en la erradicación voluntaria y asistida, en general no muestra grandes avances en la sustitución, lo cual puede aumentar el riesgo de resiembra de los cultivos, sobre todo en el noroccidente amazónico.
El último informe de UNODC reporta que el Pnis ha cumplido con el 91 % en pagos de seguridad alimentaria, 82 % en asistencia técnica y 6,7 % en proyectos productivos de corto y largo plazo. Al respecto, la directora del Cesed señala que “el porcentaje de cumplimiento de los proyectos productivos sigue siendo muy preocupante, y son justamente estos proyectos la garantía para que no se presente resiembra”.
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