¡Existen Alternativas para Proteger la Amazonía!
María Alejandra Vélez, Coordinadora Científica del CODS, participó en el conversatorio “Hablemos del Amazonas” organizado por Dejusticia.
21/4/2019
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El pasado martes 2 de abril, la profesora María Alejandra Vélez, Coordinadora Científica y de Investigación del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe (CODS), participó en el conversatorio organizando por Dejusticia “Hablemos del Amazonas”. Junto a ella estuvieron seis expertos en distintos temas relacionados con los bosques y selvas del territorio nacional: Carlos Rodríguez —de Tropenbos—, Isabel Cavelier —de Transforma—, Rodrigo Botero —de FCDS—, Cesar Rodríguez —de Dejusticia— y Carolina Gil –—de Amazon Conservation Team—.

Su charla, llamada “¡Existen alternativas para proteger la Amazonía!”, se centró en las opciones que existen para frenar la deforestación. Colombia perdió más de 1.5 millones de hectáreas de bosque entre el 2005 y el 2015; 177.597 hectáreas en el 2016 (lo que representa un aumento del 44% con respecto al 2015); y 219.973 hectáreas en el 2017 (lo que representa un aumento del 23% con respecto al 2016) y de las cuales el 65,5% representan la deforestación en la región amazónica. Además, actualmente el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero son ocasionados por el cambio en el uso de la tierra.

 

Vélez explicó que existen múltiples causas de deforestación además de una heterogeneidad regional. La explotación ganadera, la expansión de la frontera agrícola, el acaparamiento de tierras, el desarrollo de infraestructura, la minería, los cultivos ilícitos y la explotación maderera son factores, en este caso ilegales, que aportan al avance de la deforestación. Esta ilegalidad hace que en Colombia las alternativas y herramientas para proteger los bosques sean más complejas.

“En Colombia en más del 40% del territorio nacional, la propiedad está definida pensando en la conservación. El 14% representa áreas protegidas como los parques nacionales, áreas regionales y reservas de la sociedad civil; y más del 30% es propiedad colectiva de comunidades negras e indígenas”.

Las cifras de deforestación en estos territorios son importantes para entender si la definición de estos derechos de propiedad ha logrado frenar el cambio en el uso de la tierra en estos territorios. Según el IDEAM, la deforestación en los parques nacionales para el 2017 fue del 5%, hay seis áreas protegidas que representaron el 88,9% de la deforestación nacional, el 8,7% de la deforestación del país se da en resguardos indígenas y el 5,4% en consejos comunitarios de comunidades negras. Sin embargo, estas cifras no nos ayudan a entender la efectividad de estos territorios. ¿Qué pasaría en ausencia de estas áreas protegidas y territorios?

 

Es importante  evaluar el impacto de estas áreas comparándolas con otras similares que no cuenten con este tipo de propiedad. En general la evidencia internacional, y en particular para Colombia, muestra que las áreas protegidas inhiben la deforestación comparados con territorios sin áreas protegidas. Por ejemplo, los estudios desarrollados en la Amazonía brasilera demuestran que, en áreas de mayor amenaza, las categorías de protección que permiten algún uso son aún más efectivas que categorías de protección de restricción total. En cuanto a los territorios colectivos los resguardos indígenas reducen tanto la deforestación como las emisiones de carbono en los bosques amazónicos en Perú, Bolivia, Brasil y Colombia. Además, la titulación colectiva a comunidades negras ha disminuido la deforestación en los bosques del pacífico (sin embargo, hay heterogeneidad regional), lo cual se puede explicar por la organización comunitaria.

Para que funcionen los derechos de titulación colectiva es necesario fortalecer las autoridades ambientales locales. Están logrando detener la deforestación y por lo tanto hay que fortalecer esos procesos. Sin embargo, como los motores de la deforestación están por fuera de la economía formal y legal, es importante también crear otro tipo de mecanismo para ayudar a frenar esta problemática. Por ejemplo, es posible inducir al cumplimiento por medio de incentivos o sanciones colectivas (como títulos mineros, PSA colectivos, etc.), condicional al cumplimiento colectivo. Para esto es importante hacer uso de la capacidad de monitoreo descentralizado e invertir en las estructuras existentes de gobernanza local.

Consulte aquí el video de la presentación de 15 min de María Alejandra Vélez. 

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