Los desafíos de América Latina y el Caribe para alcanzar el ODS 16
En la más reciente conversación sobre el futuro: ODS - COVID, expertos de la región hablaron sobre las transformaciones necesarias tanto en el sector público como privado para alcanzar transparencia y paz.
13/12/2021
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– En América Latina se estima que el porcentaje de delitos que no se denuncian está entre el 92 y el 93%.

– En 2021, solo el 49% de los latinoamericanos manifestó apoyar o creer en la democracia, según Latinobarómetro.

-América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, pues alberga el 34% de las muertes violentas.

América Latina y el Caribe es una región en donde prevalecen los desafíos para la construcción de paz, de instituciones sólidas y justas, tres aspectos que son centrales en el ODS 16. En las conversaciones futuro: ODS-Covid, de las cuales el Centro ODS para América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes (CODS) fue partícipe y recientemente anfitrión, se realizó un análisis sobre los retos de la región para lograr el cumplimiento de las metas establecidas en el ODS 16. Ángela María Penagos, directora (e) del CODS, fue la encargada de introducir y moderar el evento. 

De acuerdo con Penagos, América Latina está atravesando por un momento en el que las instituciones están a prueba, no solo por las consecuencias económicas, sociales y políticas que ha dejado la pandemia de Covid-19, sino por los conflictos que aún no han terminado de ser tramitados y de diferentes reclamos sociales que están por resolverse. 

Así, el cumplimiento del ODS 16 en la postpandemia dependerá de nuevos retos que fueron discutidos por los panelistas: Carlos Córdoba, Director de la oficina de Colombia del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP); Juan Antonio Le Clercq, Decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), María Paula Bircher, representante de la iniciativa Políticas Seguras e Ignacio Aramburu, Director de cumplimiento de Camuzi en Argentina.

En la introducción del conversatorio, Silvia Restrepo, Vicerrectora de investigación y creación de la Universidad de los Andes, habló sobre la necesidad de considerar algunas problemáticas que se han exacerbado en la región como resultado de la pandemia por Covid-19, como son el crecimiento de la población trabajando de manera informal, el aumento de las brechas sociales, así como de los niveles de pobreza y pobreza extrema y la evidencia de las debilidades estructurales de los Estados para afrontar estos tipos de crisis. Es necesario, dijo, propiciar este tipo de conversaciones y de transferencias de conocimientos para formular recomendaciones de políticas públicas que tengan un impacto en el corto y mediano plazo para la población de la región.

El panorama de la región

El primer expositor fue Carlos Córdoba, quien presentó algunos hallazgos de informes recientes del PNUD relacionados con justicia, paz e instituciones sólidas. De acuerdo con Córdoba, el ODS 16 está relacionado con los otros ODS de manera profunda. Incluso, mostró cómo en algunos países la soberanía alimentaria se ve afectada cuando las instituciones públicas fallan. 

Como mostró Córdoba, hay indicadores que revelan la necesidad de trabajar en el ODS 16 con mayor ahínco. Por ejemplo, en cuanto a la tasa de homicidios, Córdoba explicó que el caso de El Salvador “es muy preocupante, pues tiene 52 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que países como Chile, Cuba, Argentina y Surinam, están por debajo de los 5 casos”. Colombia, por su parte, cuenta con una tasa de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, frente al acceso de la justicia, Córdoba mencionó que preocupan los casos de Venezuela, Honduras, México y Guatemala, en donde el acceso a la justicia presenta grandes brechas en comparación con países como Uruguay, Barbados y Costa Rica. Ligado a los retos en materia de justicia también están los de la transparencia. Por ejemplo, de acuerdo con el Índice de Corrupción del PNUD, se tiene que países como Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras cuentan con una percepción de transparencia inferior al 20%, mientras que en Uruguay, Chile y Costa Rica, están por encima del 60%. 

Para terminar con su presentación, Córdoba presentó algunas conclusiones importantes. La creciente concentración del poder ejecutivo en países como Venezuela, El Salvador o Nicaragua continúan “minando los escenarios democráticos”. De otro lado, “los llamados estallidos sociales en Chile, Colombia y Nicaragua y las tensiones de los gobiernos con las poblaciones indígenas muestran la potencia de los movimientos sociales y la necesidad de crear nuevos diálogos. Con la pandemia por Covid-19, agregó, se ha incrementado la concentración de poder en algunos Estados, la militarización y las restricciones a la libertad de prensa. 

Adicionalmente, señaló que “la democracia en América Latina ha retrocedido por cinco años consecutivos, según el Índice de Democracia Global de la unidad de inteligencia de The Economist. Por otro lado, en 2021 solo el 49% de los latinoamericanos manifestó apoyar o creer en la democracia, según Latinobarómetro”. Frente a la convivencia y la justicia, según el expositor, el panorama tampoco es alentador. Los fenómenos de violencia urbana, así como la influencia del crimen organizado alimentado por el narcotráfico, han sido unos de los factores por los cuales América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, pues alberga el 34% de las muertes violentas. 

  Estrategias en el Sector Privado 

María Paula Bircher, quien ha trabajado como asesora en sostenibilidad para diferentes empresas, habló sobre la necesidad de impulsar estrategias e indicadores específicos para medir los avances en el ODS 16. En la medida en que existan políticas claras para evitar problemas como el lavado de activos, se pueden reducir los riesgos de corrupción. Un concepto clave, dijo la expositora, es el de los modelos de gobernanza, pues a través de un modelo novedoso se puede responder a las exigencias de los grupos de interés e implementar procedimientos concretos para el desarrollo transparente. 

Es importante, además, hablar sobre los riesgos de sostenibilidad, elaborar mapas de riesgo y tenerlos en el eje del concepto de gobernanza. Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, señaló Bircher, permiten que los procesos de transparencia sean asumidos más allá de la claridad frente a la información financiera.También es clave explicar los procesos de las tomas de decisiones y explicar en detalle los indicadores, tanto a personal interno como externo. 

En ese mismo sentido, Ignacio Aramburu, quien trabaja para Camuzi, la principal distribuidora de gas en Argentina, explicó que es fundamental que en las empresas trabajen en los programas de compliance, los cuales permiten mantener una ética y una transparencia entre los trabajadores. Estos programas, señaló, deben ser integrales y se debe mantener el ejemplo desde las juntas directivas, pues sin el compromiso de la alta dirección, los compliance pierden peso e integralidad. 

Es urgente, entonces, que las empresas brinden, dentro de esos mismos programas, las herramientas de control ciudadano y las rendiciones de cuentas adecuadas, pues si no se hace, puede suceder lo que les ha pasado a diferentes gobiernos que, por falta de transparencia, pierden credibilidad y confianza con la ciudadanía, “lo cual limita el desarrollo y el crecimiento de los países”, dijo el expositor. 

Claves para el Futuro 

Juan Antonio Le Clercq, quien además de ser decano ha sido coordinador en el Centro de Estudios sobre Justicia e Impunidad de la  UDLAP, en México, explicó que diferentes estudios, como son el Índice Global de Impunidad, muestran cómo los Estados pueden mejorar en eficacia si implementan metas, indicadores e información estadística oficial. 

En el caso del ODS 16, este factor es clave, pues hay países como Venezuela, Nicaragua o El Salvador que no reportan indicadores para aspectos básicos de transparencia y trazabilidad. El expositor agregó otro dato muy diciente en el estudio del acceso a la justicia, en América Latina se estima que el porcentaje de delitos que no se denuncian está entre el 92 y el 93%. 

Para complementar los indicadores, Ignacio Aramburu explicó que se requiere de una cultura cívica activa que exija transparencia y que sancione socialmente a los funcionarios públicos que no rinden cuentas. Adicionalmente, señaló que es clave complementar el ODS 16 con el ODS 4, sobre educación, pues es desde las bases de la misma que se enseñan temas como construcción de paz, transparencia y valores de la justicia. 

De acuerdo con Le Clercq, es preocupante que en la pandemia quedara en evidencia una falta de transparencia por parte de muchos Estados que no dieron información precisa sobre temas esenciales como número de contagios por Covid-19, fallecimientos, o que manejaran esos datos con intereses políticos. Incluso, mencionó escándalos de corrupción por compra de insumos o vacunas en América Latina. Adicionalmente, durante 2020 también se presentaron violaciones de derechos humanos en diferentes contextos latinoamericanos que ha aumentado la brecha de credibilidad entre la ciudadanía y las instituciones. 

En la búsqueda de soluciones, añadió Carlos Córdoba, es imperiosa la necesidad de cooperación internacional, pues para poner ejemplo, en el caso de la lucha contra las drogas se han perseguido a los campesinos y no a los principales precursores o a los que venden los insumos. En este caso, señaló, esos recursos para la erradicación no ayudan a desescalar los conflictos, y así sucede en otras áreas de la sociedad.  En América Latina, puntualizó, los gobiernos deben entender los reclamos de los jóvenes y de la población rural, pues de lo contrario las instituciones seguirán con un alto grado de desconfianza. 

Para terminar, la directora (e) del Centro ODS, Ángela Penagos, hizo énfasis en los efectos de la pandemia y en cómo ésta les mostró a los gobiernos que es necesario ver con otros lentes las necesidades y los conflictos sociales. “El ODS 16 es uno de los que sostiene a los demás. Si no logramos avanzar en su cumplimiento, la Agenda 2030 puede quedar mucho más vulnerable en un mediano y largo plazo”. 

 

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