Los retos para alcanzar las metas de descarbonización en Colombia
Expertos en mitigación del cambio climático y transición energética evaluaron la posibilidad de que Colombia logre reducir las emisiones en un 51% para 2030.
Foto de Loïc Manegarium en Pexels
7/12/2020
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El próximo 12 de diciembre, el presidente Iván Duque presentará un compromiso ambicioso ante la cumbre climática mundial: “Colombia logrará reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 51% para el año 2030”. Así lo dijo Duque recientemente, durante el programa ‘Prevención y Acción’. Este plan, agregó, se logrará con una “transición energética”, que incluirá movilidad limpia y la siembra de árboles en todo el país. En 2020, por ejemplo, Duque señaló que la meta es sembrar 180 millones de árboles.

¿Qué tan factible es cumplir con esa meta? Colombia, según datos del Ideam de 2019, emite 237 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) anualmente. Esta cifra equivale al 0,47% de las toneladas que se emiten a nivel mundial. Pese a ser un gas natural, el CO2, así como el metano, contribuyen al calentamiento global cuando se acumulan en la atmósfera. Las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, han generado niveles elevados de CO2 en la atmósfera y han influido directamente en el aumento de la temperatura a nivel global.

Como otros países en el mundo, Colombia está trabajando en una estrategia de descarbonización a largo plazo. Durante la Cumbre de Acción Climática en 2019, 77 países y más de 100 ciudades se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, la economía depende de sectores que generan altas emisiones de CO2, como la industria petrolera, las actividades agrícolas legales e ilegales, la de energía y la agricultura a gran escala.

¿El país alcanzará la meta?

En el caso de Colombia, de acuerdo con una investigación realizada por Ricardo Delgado, Thomas B. Wild, Ricardo Arguello, Leon Clarke —expertos de las universidades de los Andes, Ibagué y Maryland (Estados Unidos)— tiene un promedio relativamente bajo de emisiones de carbono: 4.56 CO2 per cápita. La agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra, generan el 50% de emisiones. La energía, en la cual está incluida el sector del transporte, representa el 39%. Debido a la alta participación de las hidroeléctricas, el país también registra bajos índices de emisiones de carbono en la generación de electricidad.

De acuerdo con el estudio, las políticas actuales que buscan disminuir las emisiones de CO2 son insuficientes para alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Por otro lado, señalan que en el país se deben tener en cuenta otras emisiones distintas a las del CO2 y que también contribuyen con el cambio climático y que se generan, por ejemplo, en las actividades agropecuarias. Teniendo en cuenta que en un futuro aumentará la demanda de tierra para la agricultura, este es un punto que se debe revisar. Y, por otro lado, es necesario que el país trabaje en generar energía limpia y que se tomen medidas para disminuir las emisiones que vienen desde el transporte.

Según Ricardo Delgado, PhD en Ingeniería de la Universidad de los Andes, la meta del gobierno de sembrar 180 millones de árboles es importante en términos de restauración y tiene como beneficio adicional la generación de empleo rural. Sin embargo, son necesarias otras acciones: “los procesos agrícolas y ganaderos deben lograr importantes ganancias en eficiencia; las nuevas construcciones deben satisfacer los estándares más altos de eficiencia energética; la industria de petróleo y gas debe lograr la reducción de las emisiones fugitivas y se deben adelantar estudios de costos, beneficios y de factibilidad de estas transformaciones, entre otros requisitos”.

Para alcanzar la descarbonización, es indispensable impulsar energías limpias como la eléctrica, generada a partir de fuentes renovables. Por otro lado, es necesario que el país procure la electrificación de los usos finales de energía, así como en las transformaciones que permitan reducir la huella de carbono de las actividades agropecuarias. La bioenergía — la cual se genera a partir del aprovechamiento de la materia orgánica e industrial — así como la energía solar, tienen potencial en Colombia para avanzar en la descarbonización.

Según Delgado, “la mayoría de las acciones anteriores están asociadas a mejoras en las eficiencias de los diferentes procesos. Sin embargo, en algunos casos se requieren grandes inversiones y existen múltiples barreras que podrían dificultar la implementación de esos cambios. Es posible que estos cambios también necesiten ajustes tributarios para incentivar (con un horizonte temporal claramente definido) la adopción de nuevas tecnologías o las inversiones requeridas, así como para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y del recaudo de impuestos”.

Frentes en los que se debe trabajar

Actualmente, según el estudio, el sector de transporte es uno de los que más genera emisiones de CO2 y estas, teniendo en cuenta el aumento poblacional, seguramente crecerán. Los investigadores calculan que el transporte va a crecer el doble hasta 2050, mientras que se espera que para 2050 por lo menos el 70% del transporte público funcione con energías limpias. No obstante, según los cálculos del estudio, para el año 2050 el 64% del transporte público en Colombia será impulsado por la energía eléctrica, mientras que el porcentaje restante será transporte con base en combustibles fósiles, biocombustibles o gas.

Se debe tener en cuenta, agrega Delgado, que “la meta de reducción del 50% de las emisiones con respecto a la línea base implica que el país debe alcanzar el pico de emisiones antes de 2030. Este reto no es menor si se tiene en cuenta que la economía colombiana debe seguir creciendo para mantener una senda de reducción de pobreza y de acceso a la energía”.

Otro elemento que debe tenerse en cuenta es el de la deforestación. Los expertos proyectan un incremento en las actividades agrícolas y una alta demanda de tierras, factores que pueden empeorar las cifras actuales de deforestación. Es necesario, entonces, mejorar las prácticas de diferentes actividades rurales mientras se reduce la deforestación y se incentiva la reforestación. En este sentido, la intensificación de la producción ganadera es clave para liberar áreas que puedan aumentar la producción de cultivos. Actualmente, la densidad de ganado es de aproximadamente 0,8 cabezas por hectárea mientras que si fuera de 2 cabezas por hectárea se podrían liberar 12 millones de hectáreas para otros usos agrícolas y se podría impulsar la reforestación.

Para alcanzar la descarbonización, el estudio también señala que es esencial tener en cuenta la crisis climática para tomar medidas de adaptación e incentivar al sector privado a desarrollar programas que contribuyan a la disminución de emisiones de CO2. También es clave, según los expertos, la preservación de ecosistemas vitales como el amazónico. En todo este proceso, además, es esencial el rol de la bioenergía, tanto en el sector del transporte, como en la generación de electricidad y en el desarrollo agrícola.

La descarbonización, más que una obligación, es una oportunidad. Así lo explica Felipe Castro, director del Centro ODS para América Latina y el Caribe: “La necesidad de romper la inercia genera la falsa sensación de que la descarbonización conlleva únicamente costos y deja en un segundo plano sus beneficios, particularmente a largo plazo. En la práctica son múltiples los retornos sociales y económicos que este proceso le trae a los países. Por ejemplo, los sistemas de transporte bajos en carbono son más eficientes reduciendo la contaminación del aire, la congestión e incluso los accidentes de tránsito. La ampliación de energías renovables genera oportunidades de inversión, de empleo y de crecimiento económico. Conservar el medio ambiente hoy paga más que nunca y resulta en un beneficio neto en el largo plazo”.

Sin embargo, Castro asegura que es necesario que el país se arriesgue a implementar transformaciones más profundas: “El principal riesgo que se tiene actualmente con los compromisos de descarbonización es la distribución de los costos y beneficios. Las políticas de descarbonización deben tener como prioridad mecanismos justos de compensación de los costos y redistribución de los beneficios, salvaguardando siempre a las poblaciones más vulnerables. El diálogo social y la acción colectiva deben ser elementos centrales en las políticas de descarbonización. Si nos quedamos únicamente con anuncios, leyes y decretos, difícilmente el país podrá transitar hacia la carbono neutralidad y cumplir con la meta de disminución del 51%.

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