Por: Pamela Sanabria Cuervo
En las inmediaciones del municipio de Inírida, capital del departamento de Guainía, está un majestuoso tesoro nombrado hace más de 200 años por Alexander Von Humboldt como “la estrella fluvial del oriente”. En este punto se encuentran tres ríos de diferentes colores: el Guaviare, el Inírida y el Atabapo, este último perteneciente al territorio venezolano. La unión de estas tres corrientes da origen al gran río Orinoco, uno de los más largos del continente y el tercero más caudaloso del mundo.
Esta zona es una de las más biodiversas del país. No obstante, debido a su riqueza en minerales como oro y coltán, este territorio hacía parte de las 17 millones de hectáreas en la Amazonia y la Orinoquia reservadas para proyectos mineros. Fue solo hasta 2014 que este ecosistema pudo respirar nuevamente, pues ese año el Gobierno colombiano declaró la estrella fluvial como sitio Ramsar, esto quiere decir que su reconocimiento ambiental pasó a una escala internacional y debe ser protegido de las economías extractivas.
Pese a las medidas de protección, en la Amazonia colombiana se ha evidenciado que en las zonas donde se practica la minería, tanto legal como ilegal, la pérdida de bosques fue una o dos veces mayor en el periodo de 2000-2015, en comparación con los puntos donde no se realizan actividades de extracción minera. Así lo corrobora la investigación del World Resources Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg).
Minería legal en la Amazonia
Una investigación del WRI encontró que las concesiones mineras a gran escala cubren más del 18 % de la Amazonia continental. En 2018, de acuerdo con los datos publicados por la Agencia Nacional de Minería, se registraron 188 títulos mineros en 122.571,49 hectáreas de la Amazonia colombiana. Estos datos registraron un decrecimiento en los títulos mineros en relación con años anteriores. Pese a esto, la solicitud de licencias mineras mostró un aumento en 2018: se registraron en total 527 solicitudes, lo que equivale a 846.603,42 hectáreas.
Los 118 títulos mineros adjudicados se ejecutaron en mayor medida en los departamentos de Caquetá y Putumayo, seguidos por los departamentos de Guainía y Guaviare. Sin embargo, vale la pena resaltar que, en términos de superficie otorgada para la minería, Guainía es el departamento con mayor número de hectáreas tituladas. Según los registros, estos títulos buscan extraer piedras preciosas y semipreciosas, como el oro; metales de diferentes categorías, entre ellos el cobre, hierro y coltán; minerales industriales, a decir, roca fosfórica, sales de potasio y magnesio y minerales energéticos como el carbón.
Según el Sinchi, muchos de los títulos mineros se desarrollan en áreas de protección especial, como los resguardos indígenas. En particular, esta entidad reporta que hay presencia de extracción minera legal en los resguardos de Bajo Río Guainía y Río Negro, Carrizal, Corocoro, ríos Cuiari e Isana, selva de Matavén, Tonina, Sejal, San José, Vaupés y Vegas de Santana, entre muchos otros.
Pese a que en el papel cerca del 66 % del territorio de la Amazonia se encuentra declarado bajo alguna figura de protección especial, en terreno la situación es diferente. Como explica el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, en los resguardos es legal hacer minería, contrario a lo que ocurre con los parques naturales y áreas protegidas en la Amazonia, que legalmente son zonas excluibles de la minería. Esto quiere decir que, en términos reales, solo el 18 % del territorio amazónico está declarado como área protegida de la minería.
El caso del parque Yaigojé Apaporis
El Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis está ubicado en la cuenca del río Amazonas y tiene una extensión de 1’055.740 hectáreas, en las que habitan 19 comunidades indígenas. Antes de su constitución en 2009, este PNN era en realidad un resguardo indígena: la Reserva Forestal Yaigojé Apaporis. En 2007, cuando aún se reconocía legalmente como resguardo, una empresa canadiense, Cosigo Resources, solicitó al Gobierno una concesión minera para realizar extracción de oro dentro de este territorio. Ante esta situación, pueblos indígenas del resguardo pidieron al Gobierno declarar esta zona como un parque nacional natural, formalización bajo la cual la minería se encuentra prohibida.
A pesar de que el parque se constituyó en 2009, solo fue hasta el 2015 que la Corte Constitucional ordenó la suspensión de todas las actividades de exploración y explotación minera en este territorio. Finalmente, en este año, al cambiar la naturaleza del territorio de resguardo a parque, los pueblos indígenas del Yaigojé Apaporis lograron impedir la incursión minera en sus tierras.
En 2018, nueve años después de su constitución como parque natural, se instauró un Régimen Especial de Manejo (REM) en esta área protegida. Este régimen permitió a los indígenas retomar su voz sobre el manejo del territorio con Parques Nacionales, algo que no sucede en todos los parques, pues lo usual es que el Gobierno asuma todo el plan de manejo. Si bien este es un caso especial de gobernanza ambiental, las comunidades indígenas han perdido territorio por cuenta de la minería ilegal y por disputas locales sin resolver.
Las bonanzas
De acuerdo con el Sinchi, en la Amazonia colombiana la minería ilegal ha atravesado diversas bonanzas durante las últimas tres décadas. A la fecha, se han evidenciado varios puntos en donde se realiza esta actividad. En particular, el instituto Sinchi identifica cinco zonas que son claves para el desarrollo de la minería ilegal: la zona de Caquetá y Putumayo, el río Caquetá, el río Cotuhé, Vaupés y Guainía. Según Raisg, la incidencia de la minería ilegal en la Amazonia, especialmente en los territorios indígenas y áreas naturales protegidas, ha crecido exponencialmente en los últimos años debido al alza del precio del oro.
En la minería ilegal se destacan dos técnicas de extracción. Las dragas, una maquinaria que tiene la capacidad de retirar gran cantidad de material de las orillas de los ríos, técnica que impacta gravemente los afluentes hídricos al aumentar su cauce, y las balsas, que son embarcaciones que extraen los minerales de forma artesanal. Una balsa usualmente funciona con el trabajo de seis a ocho personas que desempeñan diferentes labores. Entre ellas se encuentra el buzo, quien está a cargo del oficio más peligroso: operar la manguera de succión con la cual se dirige hacia el fondo del río. El buzo y su equipo se encuentran en la parte baja de la cadena de valor y reciben solo una pequeña parte de las ganancias.
El oro extraído del fondo de los ríos es comercializado por grandes comerciantes que tienen los recursos para sacar el producto a zonas donde pueden negociarlo a un mejor precio, y son quienes reciben la mayor parte de la utilidad. El oro, extraído de manera ilegal, se legaliza bajo diferentes mecanismos, ya sea vendiéndolo a grandes joyerías con falsos permisos de explotación o declarándose como extraído en zonas autorizadas.
Según Gaia Amazonas, la minería ilegal históricamente ha sido una de las principales fuentes de financiación de las Farc y hoy en día se vincula directamente con las disidencias de este grupo armado. Asimismo, de acuerdo con la Fundación Heinrich Böll, la extracción ilegal de minerales se convirtió en una fuente principal para la financiación de las actividades de los actores ilegales que operan en el Amazonas.
¿Cómo se ha enfrentado la minería en la Amazonia?
Algunos estudios han demostrado que, en todo el país, el 66 % de la explotación de oro de aluvión con maquinaria se realiza bajo la ilegalidad y en escenarios caracterizados por el abandono estatal. El gobierno actual, como respuesta a las actividades de minería ilegal, ha desarrollado una estrategia denominada ‘burbujas ambientales’, con la cual busca, por medio de la militarización, reducir el impacto de algunas economías ilegales, entre las cuales se encuentra la minería.
No obstante, de acuerdo con Gaia, hay una tendencia de aumento de las actividades mineras ilegales, sobre todo en el nororiente amazónico colombiano, en la zona que limita con Venezuela y Brasil. Esta dinámica, según la fundación, tiene que ver precisamente con el aumento en la presión del Estado en contra de la economía ilícita de minerales, lo que ha ocasionado el desplazamiento de estas actividades hacia las fronteras. Además, el enredo legal en la Amazonia les ha dejado las puertas abiertas a grandes consorcios mineros.
Una draga, una motosierra o miles de galones de gasolina pueden acabar con los bosques amazónicos. Es lo que sabemos. Pero detrás de esos bosques, como en pocas ocasiones se dice, está la vida misma del planeta. En la estrella fluvial del Inírida, por ejemplo, se han registrado 903 especies de plantas, 200 de mamíferos y 476 de aves. La nutria, el jaguar y el delfín rosado, por solo mencionar algunas, ya se encuentran amenazadas por el cambio devastador de su hábitat natural. Esta transformación, si no se detiene, terminará por acabar con el agua y los recursos.
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