Sobre esta nota informativa
Esta nota informativa resume las conclusiones del capítulo “Perspectivas de la salud en Venezuela”, en el libro “Comunidad Venezuela. Una agenda de investigación y acción local”, elaborado por José Manuel Olivares (2021). El libro es una recopilación de documentos basados en investigaciones de diversos autores y diálogos virtuales que se llevaron a cabo entre julio y septiembre del 2020. Esta iniciativa la coordinó el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS) de la Universidad de Los Andes, Bogotá, y el International Development Research Center (IDRC).
Introducción
La crisis venezolana tiene múltiples dimensiones, pero, probablemente, es la crisis de la salud la que tiene consecuencias más dramáticas. La atención internacional, en la medida en que ha sido permitida por el Gobierno de Venezuela, se ha centrado con buenas razones en la ayuda humanitaria; por ejemplo, en la atención a la falta de comida en las comunidades más pobres. Sin embargo, además de la coyuntura actual, el sistema de salud en Venezuela tiene problemas estructurales que deben analizarse con el fin de encontrar soluciones definitivas. Este resumen presenta el estado actual del sistema de salud venezolano, con una mirada a las implicaciones de la pandemia generada por el COVID-19, y desarrolla algunos caminos posibles para la recuperación. Con respecto a estos, describe actores principales a convocar con miras a desarrollar soluciones y construir una agenda de investigación sobre la salud en Venezuela. Las principales recomendaciones son reducir la fragmentación institucional del sistema actual, mejorar los incentivos al personal de salud, enfocar la atención del corto plazo en prevenir algunas enfermedades tropicales y fortalecer los planes de salud pública en asuntos claves tales como la inmunización y la atención materno-infantil. Este trabajo solo será posible si se mejoran las fuentes de información pública, hoy caracterizadas por su opacidad.
Contexto
El sistema de salud debe entenderse en un sentido amplio, lo constituyen elementos de diversas dimensiones, entre otros, la infraestructura, los pacientes, el personal de salud y el conjunto de políticas orientadas a la salud pública. En Venezuela, algunas cifras ilustran el problema general de infraestructura que afecta todas las demás áreas: para el 2019, el promedio de desabastecimiento de insumos de emergencia fue del 49 % y la inoperatividad de algunos servicios (p. ej., de tomografía), alcanzó el 72 % (Médicos por la Salud, 2019a). Durante ese mismo año, el 78 % de cuarenta hospitales monitoreados reportaron fallas en el suministro de agua potable, el 68 % en el de energía eléctrica y el 51 % de los quirófanos monitoreados estaban inoperativos (Médicos por la Salud, 2019b).
Actualmente conviven en paralelo seis sistemas adscritos a distintos entes, los cuales, a pesar de que en teoría tienen distintas competencias, se solapan y hacen que el sistema de salud en Venezuela sea confuso. Los seis sistemas que se estudian se dividen en cinco públicos (el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la Sanidad Militar, El Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación, el Sistema Barrio Adentro) y el sistema privado que opera con recursos propios y de manera autónoma.
En Venezuela hay una privatización de facto de una parte importante del servicio de salud. Según el Global Health Expenditure Database de la OMS, para el 2017 el porcentaje de gasto de bolsillo (out-of-pocket spending) en el gasto de salud en Venezuela era del 63 %. Este indicador, según la misma fuente, ha aumentado de manera progresiva, pues en el 2011 el gasto de bolsillo fue del 34,7 % (Organización Mundial de la Salud, 2017). En términos reales, la mayoría de servicios de salud deben ser cubiertos total o parcialmente por los pacientes, y el Estado solo pone el espacio de atención. Lo más afectados son los que no pueden usar recursos personales para la atención en salud.
Ahora bien, la inversión en salud ha sido mínima en los últimos años; quizá Barrio Adentro sea uno de los proyectos a los que destinaron más fondos, pero en nada se compara con otros sectores, como, por ejemplo, la vivienda (Transparencia Venezuela, 2014). En los últimos veinte años, solo se han terminado dos nuevos hospitales en Venezuela: el Hospital Cardiológico Infantil y el Hospital Pérez de León II, ambos en Caracas. El resto de los pocos hospitales que iniciaron su construcción son hoy un cementerio de escombros, además de la más viva prueba de la corrupción en el sector salud (El Cooperante, 3 de marzo de 2016). Muchos de ellos han tenido partidas aprobadas repetidas veces, sin ningún adelanto en su construcción (Provea, 12 de octubre de 2016). Para una población que ha crecido progresivamente, todavía Venezuela cuenta con la misma capacidad hospitalaria de hace al menos treinta años; además, la inversión en los centros de salud existentes ha sido mínima. Según el Global Health Expenditure Database de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el 2017, último año con datos disponibles, Venezuela invertía solo el 1,2 % de su PIB en el sector salud, mientras que otros países de la región, como, por ejemplo, Colombia, invirtieron para ese mismo año el 7,2 % de su PIB. Argentina, por su parte, invirtió el 9,1 % y Uruguay el 9,3 % (Organización Mundial de la Salud, 2017).
Hay también un problema de transparencia. El Ministerio del Poder Popular para la Salud no publica el Boletín Epidemiológico hace cuatro años, con una pequeña excepción en el 2017 cuando se filtraron las ediciones correspondientes a los años 2015 y 2016. En estos boletines filtrados, los datos de mortalidad materna e infantil fueron realmente alarmantes. Para el 2016 se registró un aumento del 65 % en la mortalidad materna en relación con el año anterior, así como el aumento del 29,5 % en mortalidad infantil en el mismo periodo de tiempo (Castro, 5 de octubre de 2017). El Ministerio de Salud no ha publicado boletines ni siquiera sobre los brotes de enfermedades tales como chikungunya, zika, hepatitis o difteria.
En relación con las víctimas de la crisis de la salud, alrededor de 3 000 000 de venezolanos con condiciones crónicas no tienen acceso a sus medicamentos ni tratamientos (Amnistía Internacional, 2017), los cuales, en su mayoría, sonde costos tan elevados que no tienen manera de cubrirlos.
Por último, en lo que se refiere al sistema de salud venezolano y el COVID-19, en Venezuela hay recortes de agua constantes, y en algunos casos la falta de agua es definitiva. Frente a una enfermedad en la que una medida de prevención importante es el lavado de las manos, la población venezolana está en una situación de extrema vulnerabilidad. Esto, sumado a varias condiciones previas, como, por ejemplo, la vulnerabilidad de los pacientes crónicos por el bajo acceso a tratamientos y los alto niveles de desnutrición en la población venezolana (Efecto Cocuyo, 12 de noviembre de 2019), hace que el riesgo en la pandemia sea especialmente alto. En Venezuela solo existen tres laboratorios que, se supone, están procesando las pruebas para todo el país, sin embargo, no se tiene conocimiento sobre la capacidad de cada uno de ellos ni del total de pruebas que se realizan. Por esto, resulta imposible saber si los casos que se reportan corresponden a la realidad o los manipulan las autoridades sanitarias.
La recuperación del sistema de salud
Un paso importante, la organización institucional
El sistema de salud venezolano necesita con urgencia una reforma que solucione los paralelismos entre los distintos entes y sistemas, con miras a evolucionar hasta un sistema de salud único y universal.
La infraestructura
Además, el déficit de infraestructura necesariamente debe solucionarse con el fin de aumentar la capacidad de atención. Para esto habría que contar con un censo claro sobre las enfermedades más prevalentes y los lugares en dónde hay ausencia total de infraestructura. Un elemento básico es asegurar el servicio de luz y agua a los hospitales existentes.
La formación profesional y la diáspora
La oferta académica, la modernización de los programas académicos y las escuelas de medicina también son un pilar fundamental para la reconstrucción del sistema de salud, puesto que la formación de calidad de los médicos es un eslabón imprescindible en el propósito de mejorar la capacidad y la calidad de atención del sistema de salud venezolano. Es necesario que se creen en el seno del Gobierno de Venezuela —no solo en el órgano competente en materia de salud— incentivos para que los profesionales venezolanos que hoy han migrado a otros países vuelvan al país. Hoy, médicos, enfermeros y todos los profesionales de la salud se encuentran en todas las latitudes, por lo que a fin de motivar su regreso es necesario ofrecer incentivos y garantías con los cuales volver a Venezuela sea una opción viable.
Los actores principales que se deben convocar para la discusión de la recuperación
Entre los actores nacionales se encuentran universidades y escuelas de medicina a nivel nacional, la Academia Nacional de la Medicina, el sector privado, las sociedades médicas, los gremios y los sindicatos.
Entre los actores internacionales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su filial para la región, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones son fundamentales, especialmente en términos de asistencia técnica, en recursos económicos y logísticos. En particular, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, así como la Organización Internacional para las Migraciones resultan importantes en la primera etapa de la recuperación de Venezuela, en el marco de una crisis migratoria que ha movilizado a millones de venezolanos a otras naciones. Finalmente, el Gobierno colombiano, dados sus conocimientos técnicos en un contexto similar, es especialmente importante en asuntos tales como el control de enfermedades vectoriales, así como planes de inmunización, modernización y ampliación de la infraestructura hospitalaria.
El Gobierno venezolano debe participar de manera activa en la recuperación del sistema de salud
La crisis multidimensional en Venezuela ha afectado con fuerza la capacidad del Estado en todas las áreas. Hasta ahora, la ineficiencia estatal —empeorada por los altos niveles de corrupción en el país— es causa fundamental de la crisis, la cual se agrava por la falta de recursos y de personal de salud. Sin embargo, de existir la voluntad política en el gobierno actual, el sector público puede jugar un papel fundamental en tres aspectos. Primero, en permitir y apoyar la ayuda extranjera para atender la crisis humanitaria. Segundo, en volver a presentar los datos sobre la situación actual de la salud, de manera rigurosa y transparente. Tercero, en participar de manera activa en la discusión entre los diferentes actores que han estudiado y propuesto soluciones estructurales.
Recomendaciones y agenda de investigación
La crisis de la salud es apenas una expresión de la crisis política que vive Venezuela hace años. Aunque una solución de fondo a cada uno de los problemas aquí descritos, probablemente, necesite de una solución política, se puede avanzar inmediatamente en algunos temas importantes. La situación ideal llevaría a que los diferentes actores políticos en conflicto participen en la construcción de propuestas, tal como se dio en el marco de la pandemia del COVID-19 cuando se llegaron a algunos acuerdos entre las partes, bajo la coordinación de la OPS. Sin embargo, inclusive sin acuerdos políticos en el corto plazo, las siguientes ideas pueden utilizarse como insumo para el desarrollo de propuestas o a manera de planes a implementar de forma inmediata.
Existe un conjunto de actores que pueden participar actualmente en el trabajo que se propone. Mencionamos algunos de los más importantes: la organización Médicos por la Salud (autores de la Encuesta Nacional de Hospitales con cubrimiento nacional), la Asociación de Clínicas Privadas (reúne a los hospitales de este sector), la Academia Nacional de la Medicina (el órgano más importante de la medicina en Venezuela y de alta legitimidad académica), la organización Médicos Unidos de Venezuela (que por su carácter gremial tiene una estructura más o menos formal dentro y fuera de Venezuela que hace posible el levantamiento de información), Transparencia Venezuela (con experiencia en investigación para el levantamiento de información en el área de recursos y corrupción), los sindicatos de trabajadores de la salud y las universidades con experiencia sólida en el área de la salud.
El primer paso sería proponer cómo coordinar estos actores para tener el panorama claro de la situación actual de la salud, con información transparente y datos rigurosos. Sin este panorama, cualquier propuesta navega a ciegas. Se debe comenzar por la evaluación de las condiciones estructurales de los hospitales en Venezuela. En este sentido, se priorizan la geolocalización de todos los centros de salud del país y la investigación sobre la asignación de recursos e implementación real en el sistema de salud venezolano. Asimismo, evaluar la operatividad real de módulos de Barrio Adentro en las comunidades, un programa importante para el actual gobierno. Con base en este diagnóstico, podría además avanzarse en los siguientes puntos.
• Analizar el desarrollo de políticas de salud que eviten el alto grado de fragmentación del sistema actual. En particular, evaluar el rol del sector privado para suplantar —temporalmente— algunas de las carencias del sistema público o, en una situación ideal, cómo puede trabajar de la mano del gobierno para dar respuesta a algunos de los aspectos más urgentes.
• Elaborar una propuesta de incentivos dirigida al personal de salud. Tanto a quiénes están en Venezuela como para los que han emigrado. A fin de conseguir mayor mano de obra calificada, y teniendo en cuenta los niveles de migración del personal de salud venezolano (Diario ABC, 13 de abril de 2015), es necesario ofrecer incentivos para que estos profesionales retornen a Venezuela o permanezcan en el sistema público de salud. En caso de que haya participación del gobierno, es posible evaluar esquemas con incentivos financieros o tributarios. En caso contrario, el sector privado, en coordinación con los organismos internacionales, deben plantear las perspectivas posibles para un programa de este tipo.
• En políticas públicas, priorizar la evaluación de las necesidades logísticas para el control de enfermedades tropicales y reemergentes. Además, evaluar cuál es el abastecimiento de insumos con miras al control de las enfermedades crónicas. Por último, proponer cómo sería la ejecución de planes masivos en aspectos de alta prioridad en salud pública, tales como la inmunización y la atención materno-infantil.