Como parte de las iniciativas del CODS las cuales están enfocadas en apoyar la investigación y las redes entre académicos de la región, y llegar masivamente a los tomadores de decisiones con la conversación de la agenda global de los ODS, está también la participación en la discusión sobre los impactos que tienen las economías ilícitas no solo en el medio ambiente, sino en problemas de violencia, justicia e instituciones sólidas.

Es así como el Centro hizo parte de la Primera Conferencia de la Red de Estudios sobre Drogas en América Latina (REDESDAL) que contó con la participación de más de 30 académicos provenientes de países como Brasil, Uruguay, Colombia, Bolivia, México y Chile, quienes mostraron resultados de investigaciones que están adelantando en la región alrededor de la producción de cultivos ilícitos y políticas de sustitución, efectos ambientales de los cultivos de uso ilícito, consumo, y efectos de la política de drogas en América latina.

Dentro de este contexto, y para activar la red de investigadores en la región, el CODS lanzó la Tercera Convocatoria de Investigación ODS sobre Economías Ilegales y Medio Ambiente, la cual busca no sólo analizar los conflictos en torno a los cultivos de usos ilícito, sino también los que generan otras economías ilegales como la minería y el tráfico de especies. La convocatoria estará abierta hasta el 16 de enero 2020.

“Es muy importante que el conocimiento sobre el fenómeno de las economías ilícitas y sus impactos ambientales se difunda en toda la región y que los investigadores de todos los países compartan y comparen sus hallazgos. Sólo así lograremos proponer una política de lucha contra las drogas que considere toda la cadena de valor y sus profundos impactos ambientales y sociales, desde los cultivadores hasta los consumidores”, sostuvo Ximena Rueda, investigadora científica del CODS.

Consulte aquí los detalles de la Tercera Convocatoria de Investigación del CODS: Economías Ilegales y Medio Ambiente.

A medida que los paneles temáticos fueron avanzando y a partir de las investigaciones presentadas por los expertos, se generaron importantes conversaciones alrededor no solo de los aspectos que definen la manera de plantear la política antidrogas en los diferentes países, sino las consecuencias ambientales de los cultivos de usos ilícito.

David Zamora, docente de la facultad de ingeniería ambiental de la Universidad Externado de Colombia, fue el encargado de abrir el panel: Efectos Ambientales de los Cultivos de Uso Ilícito con su investigación sobre: “Cultivos de Uso Ilícito: una pequeña porción en la deforestación, pero un gran agente dinamizador de la degradación de las coberturas naturales”. Zamora afirmo que la relación entre la expansión de los cultivos de coca y la deforestación es débil, así mismo mencionó que las ganancias derivadas de los cultivos de coca son invertidas en la degradación de las coberturas del suelo para realizar actividades como la ganadería, que exacerban la pérdida de ecosistemas.

“La deforestación ha incrementado las tasas de personas con enfermedades endémicas”: Zamora.

Por su parte Eleonora Dávalos, profesora de economía de EAFIT (Colombia) explicó, a través de su investigación, que existe una relación negativa entre la productividad agropecuaria y la producción de cultivos ilícitos en Colombia.

Entre los puntos principales, destacó que los agricultores pequeños enfrentan dos problemas: Primero la producción a pequeña escala incrementa los costos de transacción para insumos y productos y segundo, las cantidades producidas no son suficientes para satisfacer las demandas de las grandes superficies ni los estándares de calidad normales.

Como su investigación arroja que la productividad agropecuaria tiene una relación negativa con la probabilidad de sembrar coca, las estrategias que incrementan la productividad agropecuaria podrían complementar las estrategias tradicionales para controlar cultivos ilícitos.

Por su parte Andrés Suárez, de la Universidad de la Costa, Colombia, y experto en gerencia de recursos naturales, en desarrollo sostenible y medio ambiente, presento su investigación sobre la manera de involucrar a las poblaciones victimas del conflicto en estrategias ambientalmente sostenibles en sus regiones.

Dentro de los hallazgos importantes, se destaca que las comunidades víctimas pueden ser impulsoras de la sostenibilidad ambiental, en sus comunidades, una vez sus derechos y necesidades sean restablecidos.

“Es muy importante que se identifique cual es la forma de  participación de las poblaciones víctimas del conflicto, en las estrategias de sostenibilidad en el escenario del post conflicto en Colombia”: Suárez.

La Conferencia también permitió que se conocieran resultados de gran importancia para la construcción de nuevas comprensiones sobre el tema de las drogas ilícitas en América Latina. Académicos expertos como Eliana Álvarez de la Universidad Católica de Uruguay y Pablo Carvacho de la Universidad Católica de Chile, abordaron el tema de los efectos de la política de drogas presentando información relevante sobre los efectos de la venta de marihuana en farmacias y su relación con la percepción de seguridad en Uruguay, y sobre el impacto social que tiene el paradigma de la erradicación del consumo de drogas en la región.

Otras voces como Ana Arjona, Santiago Tobón, Juan Albarracín, Carolina Cristoph, Daniel Velosa e Inge Valencia, hablaron extensamente de otros aspectos importantes como el concepto de gobernanza criminal y las transformaciones de las estructuras criminales y sociales en torno a las economías ilícitas.

“Es muy importante para la red lograr cambiar la discusión sobre drogas en el debate público y el papel que la investigación juega en la manera como pensamos los problemas sobre drogas y cómo los resolvemos”, Ana Arjona

También se sostuvieron diálogos claves para repensar la política de drogas en Latinoamérica a partir de los resultados de los trabajos de investigación que arrojaron conclusiones sobre varios temas: cómo la guerra contra las drogas conlleva a la destrucción de las relaciones entre el estado y las comunidades rurales y urbanas, por ejemplo, o cuál es la relación que existe entre los cultivos de coca y la pérdida de ecosistemas.

Invitados como María Alejandra Vélez, directora del CESED (Centro de estudios sobre seguridad y drogas de la Universidad de los Andes), abordaron con profundidad la relación entre políticas ambientales y política de drogas, asegurando -entre otras cosas- que la organización comunitaria podría ser la manera más efectiva para reducir la expansión de los cultivos de uso ilícito en países como Colombia.

“Nuestra región ha ido avanzando mucho en la comprensión de los fenómenos asociados con las drogas de uso ilícito”: Arjona

Cabe recordar que la primera Conferencia Redesdal contó con la participación del trabajo de los investigadores invitados y al apoyo de instituciones internacionales como drugs & (dis)order, el departamento de Ciencia Política de la Universidad de Northwestern (Evanston, Illinois), el Centro de los objetivos de desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe (CODS) y el Centro de estudios sobre seguridad y drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“El encuentro confirmó la importancia de hacer más trabajo comparado y colaborativo y de fortalecer el intercambio entre países. Nuestra región ha ido avanzando mucho en la comprensión de los fenómenos asociados con las drogas de uso ilícito. Es hora de apoyar esta investigación y fortalecer su contribución al debate público en cada país, en la región y en el mundo. REDESDAL seguirá trabajando para alcanzar estos objetivos”, enfatizó Ana Arjona, fundadora REDESDAL.