Responsabilidad extendida del productor (REP). Este concepto, introducido en 1990 por Thomas Lindhqvist, entonces ministro de Medio Ambiente de Suecia, ha trascendido y ha sido apropiado por diferentes entidades internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De hecho, justamente esta organización definió la REP como “un abordaje de política ambiental en el que la responsabilidad de un productor hacia un producto se extiende a la etapa posterior al consumo del ciclo de vida de un producto”, buscando extender la responsabilidad social en diferentes actores que participan en la elaboración de determinados productos.
La REP es el tema central del documento CODS 10, del Centro ODS para América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes. El documento, titulado “Responsabilidad extendida del productor en América Latina y el Caribe como herramienta para contribuir al ODS 12”, fue escrito por un grupo de investigadores de toda la región: Agustina Besada, Agustina Walsh, Joaquín Suárez Irigoyen, Ariana Camardelli, Agustina Martínez Marquiegui, Carlos Amánquez y Magdalena de Lucca.
De acuerdo con las autoras, una política de REP se caracteriza por los siguientes dos elementos: el cambio de responsabilidad (física y/o económica; total o parcial) desde los municipios hacia los productores, y la provisión de incentivos a los productores para que tengan en cuenta las consideraciones ambientales al diseñar sus productos (por ejemplo, en lo respectivo a la elección de materiales, reducción de tamaño, peso y energía que consumen) y sus sistemas (tecnologías de reciclaje, logística inversa, estrategias de mercado, entre otros).
En el documento CODS 10, el grupo de investigación estudia los avances de la REP en América Latina y el Caribe, pues en los últimos años esta estrategia ha sido crucial para mejorar la eficiencia del uso de los recursos a lo largo de la cadena de valor y promover la economía circular . Según el documento, la región cuenta con al menos 11 países en los que existe legislación en la que se menciona la implementación de REP. No obstante, como dicen las autoras, “el desarrollo de su reglamentación y efectiva implementación en la región aún resulta incipiente en muchos casos”. Un punto de partida para analizar el grado de implementación, por ejemplo, es evaluar los sistemas de gestión de residuos.
La evaluación en la región
En términos cuantitativos, señala el documento, la generación de residuos urbanos en América Latina y el Caribe para el año 2014 fue de 541.000 toneladas por día, estimando un aumento al menos de un 25% para el año 2050. Teniendo en cuenta las bajas tasas de reciclaje reportadas en la región (entre el 1 y el 20% en el mejor de los casos), el estudio infiere que aproximadamente un 90% de estos residuos municipales se destina a disposición final. De hecho, “se estima que aproximadamente el 55% de los residuos sólidos municipales generados en la región se manejan de forma adecuada en los rellenos sanitarios, mientras que el 45% restante en vertederos y botaderos a cielo abierto”.
En el documento CODS, el grupo de investigación analiza los casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, en donde se presentan diferentes marcos normativos. Argentina, por ejemplo, cuenta con normas específicas por tipo de residuo/corriente, mientras que el resto de países estudiados tienen normas específicas que regulan la gestión de los productos y materiales considerados prioritarios. “Este desarrollo normativo, sumado a las características endógenas de cada país, repercute en el proceso de adopción e implementación de la REP, el grado de institucionalización alcanzado, el impacto en el territorio y la participación de diferentes actores involucrados en el ciclo de vida del producto”, señala el documento.
A partir del estudio se deduce que, en general, cuando el punto de partida de desarrollo de una política REP consiste en la sanción de una ley macro, el proceso posterior se da con mayor orden, claridad y probabilidad de mejores y más rápidos resultados. Por otro lado, la participación activa en tratados internacionales o marcos de cooperación ha demostrado ser una gran motivación para la adopción de iniciativas REP, como sucede con países miembros de la OCDE, como México y Chile. “ La cooperación dentro de la OCDE, así como también con países que tienen sólidas estrategias probadas de gestión REP, podría aportar diversas mejoras a las propuestas y políticas de la región”, dice el documento.
Otro aspecto a tener en cuenta es el contexto socioeconómico en el momento y el desarrollo de la aplicación de normativas REP, pues el diseño de herramientas que acompañen y faciliten la transición hacia nuevos modelos de gestión han demostrado aportar a una implementación más exitosa. También, como explica el documento, resulta fundamental la inclusión de todos los actores, en especial de los recicladores de base, pues en América Latina se estima que alrededor de cuatro millones de personas obtienen su sustento de esta actividad. Hoy, de hecho, “por la índole informal de su labor, los recicladores enfrentan riesgos como la falta de acceso a los residuos, ingresos inestables y exclusión social”.
En el documento CODS aparece también una lista de obligaciones de acuerdo con los distribuidores y su respectiva definición. El documento da recomendaciones para productores, distribuidores, comercializadores, consumidores, gestores, recicladores, autoridades y agentes de servicios públicos. Adicionalmente, los investigadores presentan esquemas de financiamiento, los cuales varían en el ejercicio de la responsabilidad del productor desde la provisión de recursos para financiar el sistema, hasta la asunción de la gestión operativa y organizativa de los distintos aspectos del proceso.
Vale la pena señalar que en todo este proceso también es clave la transparencia y los sistemas de monitoreo, pues solo así pueden funcionar sistemas de gestión y trazabilidad de los productos, lo cual es esencial para “ (1) sancionar a quien no cumple con la normativa; (2) incentivar a quien supera las metas propuestas o utiliza materiales más amigables con el ambiente; (3) realizar las adecuaciones a la normativa que se desprendan como necesarias para su efectiva aplicación; (4) poder medir el impacto ambiental, social y económico que tiene la medida implementada; y (5) asegurar el correcto funcionamiento del sistema y que la responsabilidad de su financiamiento no sea traspasada a otros actores, como sucede en algunos casos con los consumidores, bajo el aumento del precio del producto”.
Contribución a los ODS y recomendaciones
Consolidando el funcionamiento de la REP en América Latina y el Caribe se pueden presentar avances importantes en metas del ODS 12, sobre producción y consumo responsable. Metas como la 12,2, la cual apunta a lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, o la 12,5, que está encaminada a reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización, son tan solo algunos de los ejemplos sobre cómo puede aportar la REP a la agenda de sostenibilidad en la región. De hecho, el documento señala que las iniciativas de REP incentivan a intervención del productor en los primeros eslabones de la cadena de un producto o material, como son el ecodiseño y la eficiencia y reducción de desechos en las operaciones productivas, asociado a la necesidad de reducir costos y alcanzar economías de escala.
Para finalizar, el grupo de investigación hace recomendaciones precisas para implementar con éxito la REP en América Latina. Los cinco países analizados, por ejemplo, “presentan distintas estrategias y grado de avance en el diseño y la implementación de normativas REP, pero en todos los casos demuestran un desarrollo de este tipo de regulación, sobre todo en los últimos 15 años”. Teniendo en cuenta las experiencias de los últimos años en la implementación de esta estrategia así como otros marcos estudiados en el mundo, el documento ofrece recomendaciones precisas sobre aspectos como las condiciones demográficas y geográficas; la cooperación internacional y las alianzas con el sector privado; la necesidad de establecer metas y valorización de residuos por parte de los productores; la necesidad de crear políticas de incentivos, entre otras.
Los beneficios de una política de REP también quedan en evidencia en el documento. Adecuadamente implementada, aseguran el grupo de investigación, “tendrá un impacto significativo en la eficiencia en gestión y en el uso de los recursos en los sistemas productivos, lo que afecta significativamente en la reducción de la contaminación del aire, agua y suelo”. Además, generará aportes al cumplimiento de otros objetivos, como el de salud y bienestar, agua limpia y saneamiento y vida de los ecosistemas terrestres.
