En los últimos siete años, Venezuela perdió el 75% de su actividad económica. El ingreso per cápita es similar al que tenía el país en 1940. En la pandemia del Covid-19, el 51% de los quirófanos no han podido prestar servicios por falta de recursos. Mientras tanto, en el ámbito de seguridad, el 38% de los homicidios en Venezuela son cometidos por fuerzas de seguridad del Estado, una letalidad policial 40 veces superior a la que se presenta en Estados Unidos.
Estos fueron tan solo algunos de los datos revelados en el lanzamiento del libro “Comunidad Venezuela, una agenda de investigación y acción local”, el cual surgió de una serie de diálogos organizados por Centro ODS para América Latina y el Caribe (CODS) en alianza con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC). En estos diálogos participaron comunidades académicas, organizaciones multilaterales y personas de la sociedad civil en Venezuela.
El evento estuvo dividido en dos paneles: retos y oportunidades de la migración venezolana y la crisis venezolana: dimensiones y posibilidades. El primer panel fue moderado por Ana María Ibáñez; asesora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y contó con la participación de Dany Bahar, investigador del Instituto Brookings y doctor en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard; Gracy Pelacani, doctora en estudios jurídicos comparados y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y Julián Fernández, doctor en Ciencias de la Epidemiología.
Por otro lado, en el segundo panel participaron Roberto Patiño, cofundador del movimiento socio-cultural Caracas Mi Convive; Roberto Briceño- León, doctor en Sociología de la Universidad Central de Venezuela; José Manuel Olivares, presidente de la subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional; Miguel Ángel Santos, profesor adjunto de Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard y Guayana Páez-Acosta, fundadora y Directora Ejecutiva de Athena – Lab for Social Change, y sus coautores
Los retos para garantizar los derechos de la migración venezolana
Del primer panel, vale la pena resaltar varios elementos. Como señaló Alejeandra Vargas, una de las necesidades más apremiantes y que ha señalado el IDRC es generar información confiable sobre la situación venezolana, así como análisis a profundidad sobre las dimensiones del éxodo masivo de la población venezolana, teniendo en cuenta aspectos como el acceso a la salud y otros servicios sociales de primera necesidad. De la misma forma, dijo Vargas, existe un trasfondo que ha generado ese éxodo masivo y que vale la pena analizar. Con una tasa de pobreza del 95%, señaló, la diáspora se puede agudizar en los próximos meses y años.
Gracy Pelacani,cofundadora de la Clínica Jurídica para Migrantes en la Universidad de los Andes, explicó que la región de América Latina comparte varios rasgos para regular el ingreso de la población migratoria venezolana. Hasta el momento, dijo, “hemos visto una militarización de las fronteras más que una coordinación regional para regular la migración”. Un problema latente, explicó, es que acceder a un pasaporte o a una visa en Venezuela, y este es un primer obstáculo para acceder a la regularización.
El caso colombiano, en donde el gobierno planteó un estatuto temporal para regularizar a la población migrante en un lapso de 10 años, es interesante en la medida en que hay un reconocimiento de la población venezolana y un interés para que accedan a derechos como la salud, la educación y la formalización laboral. Constituye, a grandes rasgos, un avances sin precedentes en la seguridad jurídica para migrantes. No obstante, Pelacani dijo que hacen falta varios puntos por resolver: “Las personas que entren hoy a territorio colombiano de forma irregular, y que lo hayan hecho a partir del primero de febrero, no accederán al estatuto de protección. Por otro lado, para acceder de forma regular se necesita un pasaporte, que es un documento costosísimo y que se demora mucho en tramitarse”. Otro obstáculo es que para acceder al estatuto temporal, es necesario haber ingresado a Colombia por un puesto migratorio, algo que en la pandemia no ha sido recurrente.
Por otro lado, Dany Bahar dijo que uno de los retos más difíciles para Colombia es la integración laboral de migrantes venezolanos. Con un marco legal abierto a la regularización, agregó, se debe continuar generando políticas públicas específicas para que la formalización laboral se haga realidad y que la población venezolana pueda tener acceso a créditos bancarios, a fondos de ahorro, de pensiones, entre otros. Para lograrlo, sin embargo, se necesita de una coordinación institucional que hoy no es tan evidente.
Julián Fernández, doctor en Ciencias de la Epidemiología, dijo que todo este proceso es novedoso e histórico, pues Colombia no ha tenido una tradición como país receptor de migrantes. “La regularización abre muchos caminos, pero no basta por sí solo, no provee derechos sociales de manera automática”. Un aspecto en el que es crucial avanzar es en el de la atención humanitaria en el sistema de salud: “este es un gran desafío por las barreras de acceso que son comunes incluso para la población colombiana y por eso se debe fortalecer en general el sistema de salud para las poblaciones vulnerables”.
Por otro lado, Ana María Ibáñez señaló que desde el BID se han realizado una serie de encuestas cuantitativas y cualitativas que demuestran un aumento de bienestar importante en más de 440 mil migrantes que ya han sido regularizados. “Se evidenciaron no sólo mejoras en las condiciones económicas, también en la salud mental y de formalización laboral, un punto que es muy importante por el poder de negociación que pueden tener con los empleadores”.
Frente al tema de aseguramiento en salud, Fernández hizo énfasis en la necesidad de que “se mejore el cuidado prenatal para las migrantes venezolanas, lo mismo a que se haga un trabajo en la salud mental, violencias basadas en género y problemas de atención de enfermedades crónicas. La vacunación es clave también para la salud pública de todo el país y el camino debe ser el aseguramiento”. Por otro lado, Fernández hizo énfasis en trabajar en la salud reproductiva de las migrantes venezolanas, pues actualmente la atención humanitaria no está teniendo en cuenta las necesidades de salud sexual y reproductiva.
La situación de Venezuela
Roberto Briceño- León, doctor en Sociología de la Universidad Central de Venezuela, introdujo la conversación sobre la situación de Venezuela haciendo énfasis en cómo, desde los últimos años, “se ha llevado a la destrucción de la economía, la agricultura, la justicia y la salud. Aquí se han elogiado a los delincuentes y a los violentos, se han hecho alianzas con grupos guerrilleros. Se destruyó el país”.
Y en ese panorama, agregó, los venezolanos y venezolanas están pasando por la pandemia del Covid-19. “La población hoy no tiene mascarillas, no tienen muchas veces acceso a agua para lavarse las manos. La sociedad civil en todo caso persiste y se mantiene, a pesar de estar destruida, a pesar del autoritarismo y la exclusión”, dijo Briceño-León.
Roberto Patiño, por su parte, comenzó su intervención señalando que mientras él hablaba en Caracas se estaba presentando un enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad del Estado y las bandas organizadas en la zona de la Cota 905. “Estas tragedias ocurren a diario en Venezuela”, dijo. Y complementó con el siguiente dato: “Hoy, el 38% de los homicidios en Venezuela son cometidos por fuerzas de seguridad del Estado, esto no pasa en ningún otro país del mundo. La letalidad del Estado y las violaciones de derechos humanos han aumentado”.
José Manuel Olivares, quien es médico de la Universidad Central de Venezuela, habló sobre algunos argumentos que demuestran que “hay una necesidad imperiosa por reconstruir nuestro país”. El drama en la salud hoy alcanza niveles de sufrimiento muy altos, dijo. “El 51% de los quirófanos en nuestro país están cerrados. Hay largas listas de espera, cientos de pacientes esperando una atención médica, es un drama muy profundo. ¿Saben ustedes cuál es la frustración de un médico venezolano que tenga que decirle a una madre que no tiene cómo operar a su hijo? ¿Qué no tiene como tomarle una tomografía a su esposo?”.
En Venezuela, agregó, es casi imposible acceder a una terapia, a exámenes de laboratorio por una “profunda corrupción”. En el país #se prometieron 21 hospitales y solo se construyó uno. La red hospitalaria es de los años 50s o 70s y hoy lamentablemente somos exportadores de enfermedades que hace años habíamos erradicado, como el polio, la malaria, el sarampión y la difteria”.
Venezuela, complementó Miguel Santos, es un país que duplicó su ingreso per cápita entre 1978 y 1998, “después vino el gran estancamiento de la economía y de ahí en adelante el gran debacle. Venezuela, desde 2014, ha perdido el 75% de su actividad económica. Hoy en día es una economía más pequeña que Haití. Y yo no propondría regresar a 1998, no, pues sería regresar al país y al contexto que generó el fenómeno de Hugo Chávez, un gran fracaso económico que generó exclusión y desigualdad”.
De otro lado, Roberto Briceño- León propuso cuatro líneas para romper con el autoritarismo: fortalecer la cultura democrática y pluralista, trabajar con el tejido social, incluyendo a todo tipo de asociaciones, generar espacios de gobernanza local y fortalecimiento de la sociedad civil y fortalecer el sector privado, articulando con las iniciativas del sector comunitario.
Esta situación, como dijo, Guayana Páez-Acosta, es real y “el trabajo hoy en día debe enfocarse en la posibilidad y el convencimiento de que los venezolanos dentro y fuera del país nos van a ayudar a construir ese futuro que quiere emerger. El dolor debe ser transmutado. Como dijo el poeta Rabindranath Tagore, ‘si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas’. En Venezuela podemos seguir sembrando semillas de una nueva economía de impacto, que integre y genere beneficios económicos y sociales”.
Para ver el lanzamiento del libro, haga clic en el siguiente video: