Sobre este resumen
Esta nota informativa resume las conclusiones del capítulo “Seguridad ciudadana en Venezuela”, del libro “Comunidad Venezuela. Una agenda de investigación y acción local”, elaborado por Roberto Patiño. El libro es una recopilación de documentos basados en investigaciones de diversos autores y diálogos virtuales que se realizaron entre julio y septiembre del 2020. Esta iniciativa la coordinó el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS) de la Universidad de Los Andes, Bogotá, y el International Development Research Center (IDRC).
Introducción
Debido a una profunda crisis social, económica y política, así como a la falta de políticas efectivas de prevención y seguridad ciudadana, Venezuela se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo. Los delitos los cometen a diario estructuras delictivas organizadas, el aparato estatal y ciudadanos comunes. Las causas estructurales del delito se han complejizado a medida que el país experimenta una emergencia humanitaria sin precedentes. En la base del problema está que la sociedad carece de confianza en las instituciones, lo cual inhibe la colaboración necesaria entre las comunidades y el aparato de seguridad ciudadana para mitigar el problema. Este resumen presenta la visión integral de la situación de la seguridad ciudadana, ya que entiende las múltiples relaciones entre las distintas organizaciones que forman parte del sistema y entre las organizaciones y los ciudadanos. Se revisan de manera breve los asuntos más relevantes del papel del sistema de justica, y se concluye con unas recomendaciones sobre una agenda de investigación con base en el diagnóstico de las principales instituciones que forman parte del sistema de seguridad ciudadana.
Contexto
En Venezuela la violencia es un fenómeno generalizado. En particular, la tasa de homicidios en el país se encuentra entre las más altas del mundo.
En el 2019, la tasa estimada de homicidios fue de 60,3 por cada 100 000 habitantes (Insight Crime, 2019). Los homicidios se concentran en algunos “puntos calientes” urbanos: cerca de la mitad de los homicidios ocurren en tan solo el 20 % de los municipios (García et al., 2020). No obstante, en los últimos años, la actividad criminal también ha aumentado significativamente en las zonas rurales cerca de las fronteras, donde han florecido las economías ilegales. Así, por ejemplo, la tasa de homicidios en los municipios ubicados en los estados fronterizos, según el último informe oficial del 2016, fue entre dos y cuatro veces mayor que el promedio nacional.
En este contexto —según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos—, la policía, el ejército y el sistema de justicia han estado involucrados en violaciones de derechos humanos y, en la mayoría de los casos, se han convertido en un problema más que en una solución. Según el observatorio Monitor de Víctimas (2019), solo en Caracas, el 38 % de las muertes violentas las cometieron las fuerzas de seguridad. Además, de acuerdo con el Monitor Latinoamericano de Fuerza Letal, Venezuela es el país latinoamericano con la tasa más alta de letalidad policial (Foro Penal, 2020).
Sumado a esto, más del 95 % de los delitos graves no son castigados, ya que la impunidad en el país es generalizada (HRW, 2019). Por una parte, las cárceles y los centros de detención preventiva superan significativamente su capacidad instalada, tienen un índice de hacinamiento que supera el 125 % y se han convertido en epicentros de actividades delictivas, donde las violaciones de los derechos humanos a los reclusos son recurrentes (Observatorio Venezolano de Prisiones, 2018). Por otra parte, las políticas de prevención, como, por ejemplo, los programas para evitar la reincidencia, así como aquellos que trabajan con poblaciones en riesgo y las políticas para crear buenas relaciones entre las comunidades y la policía, han estado ausentes durante años (Zubillaga & Hanson, 2018).
La desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades formales es una parte fundamental del problema. Esto es particularmente evidente cuando se compara el país con el resto del mundo: Venezuela ocupa el último lugar (de 128 países) en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, lo que significa que la mayoría de la población no confía en el sistema judicial o las fuerzas de seguridad del Estado (WJP, 2020).
Diagnóstico de las instituciones
Desde una perspectiva histórica, las políticas de seguridad ciudadana implementadas en Venezuela en los últimos veinte años se han caracterizado por la ausencia de estrategias de prevención, y la carencia de un sistema de justicia transparente y efectivo que trabaje a favor de la reducción de la impunidad y de la profesionalización de los cuerpos de seguridad del Estado. Hay un descuido del creciente problema de violencia y, cuando el Estado actúa, suele caracterizarse por el uso excesivo de la fuerza en contra de las comunidades más vulnerables. Hasta el momento, el sector público no ha implementado medidas consistentes con miras a implementar programas basados en evidencia y prevenir la delincuencia (Rosas & Herrera-Núñes, 2018). Sumado a esto, hay pocos datos recopilados de forma rigurosa sobre cómo se comporta la violencia en el país. Además, en este sentido, no hay forma de saber cómo están fallando estas instituciones y así diseñar soluciones coherentes. Solo algunas organizaciones sin fines de lucro y centros de investigación investigan la naturaleza de la violencia urbana en Caracas.
La forma en que la policía se comporta con los ciudadanos es también un reflejo de cómo el Estado trata a los habitantes de un país. En Venezuela, ese comportamiento se caracteriza por la ineficacia y el abuso. En el 2019, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV, 27 de diciembre de 2019) registró 5200 muertes a manos de la policía, y se encontró que muchos policías participan en actividades de extorsión y corrupción (Ávila et al., 2019). En el 2019, de 5200 casos de extorsiones y secuestros, se investigaron 559 policías. Las instituciones policiales aún se caracterizan por la ilegalidad y la falta de transparencia. La policía venezolana es ampliamente conocida entre los ciudadanos por participar en diversas actividades ilegales, entre las que se destacan las ejecuciones extrajudiciales. Entre el 2015 y el 2017, más de 12 000 muertes fueron perpetradas por instituciones policiales (OVV, 27 de diciembre de 2019) . Según Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, la policía es un órgano al revés: funciona como un organismo represor para garantizar la permanencia del gobierno actual bajo el incentivo de vía libre para la corrupción.
Por otra parte, en los últimos veinte años el sistema de justicia ha experimentado cambios importantes que lo han llevado a perder su independencia y capacidad operativa por su obediencia ante el Poder Ejecutivo. Se ha documentado un número creciente de violaciones de derechos humanos, entre las que se incluyen el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso, tortura, malos tratos y condiciones de detención precarias, entre otras formas de vulneración de derechos humanos. No obstante, a pesar de los hechos y las pruebas, la impunidad ha prevalecido en el país (Ávila, 2019). En este sentido, Louza menciona que la fachada de institucionalidad creada por el gobierno ha modificado completamente la base jurídica del Estado de derecho y la separación de poderes. Asimismo, El Ministerio Público, en cuanto órgano dentro de la rama del poder ciudadano, ha perdido su independencia y enfrenta severas restricciones para cumplir con sus responsabilidades. Según Acceso a la Justicia (2019), el presupuesto total, en términos reales, del Ministerio Público disminuyó cada año entre el 2012 y el 2017.
Recomendaciones y agenda de investigación
La solución de fondo al inmenso problema de inseguridad ciudadana que vive Venezuela sería reconstruir las instituciones, con el fin de que recuperen la confianza ciudadana y así estén en capacidad de promover políticas de prevención de violencia. Esto requerirá, probablemente, algún tipo de concertación política. Desde una agenda de investigación-acción se puede empezar por evaluar las políticas de prevención de violencia en otros países latinoamericanos con un contexto similar al de Venezuela, a fin de dilucidar un camino viable para la restauración de las instituciones. Por su parte, Verónica Zubillaga, profesora asociada de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, propone considerar la agenda de investigación futura desde dos dimensiones. Por una parte, invita a tener en cuenta las grandes tendencias históricas que permitan comprender las expresiones vinculadas a las identidades o configuraciones locales en asuntos de seguridad. Por otra, propone comprender las subjetividades y las prácticas locales, con la finalidad de identificar cómo las comunidades se fortalecen a través de estrategias colectivas con miras a lidiar con la violencia en sus territorios.
Con respecto a la agenda de investigación sobre el sistema policial, se necesita un diagnóstico riguroso sobre el capital humano disponible, el estado del equipamiento físico y una evaluación detallada de las consecuencias de las políticas de mano dura. Mediante el diagnóstico de este documento sobre las reformas y los programas principales de las instituciones policiales en los últimos años se debería dar un debate en torno a las transformaciones necesarias dentro del sistema policía en temas tales como la centralización o descentralización de las funciones policiales y el rol de las policías en los procesos de pacificación de bandas criminales. En este contexto, es importante generar mesas de discusión con los actores involucrados, a fin de construir estrategias políticamente viables que detonen cambios importantes en el sistema policial venezolano.
En cuanto a la agenda de investigación del sistema judicial, se requiere avanzar en la evaluación del Estado y la capacidad actual del personal, el presupuesto y las herramientas del sistema judicial. Asimismo, es importante iniciar un análisis desde una perspectiva comparada de mecanismos de justicia transicional, seguramente relevantes en un futuro.
Para avanzar en las agendas de investigación propuestas, es necesario reconocer algunos retos en el contexto que han obstaculizado el desarrollo de programas de prevención de violencia:
• El enfoque de seguridad del gobierno actual se basa en políticas de mano dura y la militarización de la policía;
• La desintegración del capital social y la adaptación de las poblaciones al asistencialismo;
• La falta de recursos financieros suficientes para enfrentar un problema a nivel nacional;
• La polarización social;
• La presencia de bandas criminales consolidadas;
• La discriminación social contra los jóvenes de bajos ingresos.
Pese a las dificultades que viven las universidades, las ONG y las demás agrupaciones civiles, en Venezuela se encuentran varios espacios activos en la investigación-acción de los temas de seguridad ciudadana. El documento hace una lista completa de instituciones y organizaciones que trabajan en esta área, entre las cuales se destacan: en temas de recolección de información, el Monitor de Víctimas y el Observatorio Venezolano de Violencia; en temas del sistema policial, Amnistía Internacional y el Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América; en temas del sistema judicial, Acceso a la Justica, Provea, y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello; por último, Fe y Alegría, la Fundación Santa Teresa y Caracas Mi Convive son tres ejemplos de organizaciones que trabajan en la prevención de violencia.
Conclusión
El sistema de seguridad ciudadana en Venezuela, conformado por los sistemas policiales, el sistema de justicia y las organizaciones con funciones preventivas, está lejos de cumplir su función de prevenir la violencia. En definitiva, existen importantes lagunas de conocimiento que son vitales en el propósito de generar estrategias, políticas públicas y programas que solventen los problemas definidos. La crisis es de tal magnitud que no es suficiente pensar en agendas de investigación, propuestas o acciones aisladas, sino que deben partir de la premisa de interdependencia. Muchos de los problemas en seguridad ciudadana van a requerir una toma de decisiones compleja, alrededor de diversos temas tales como la pacificación de grupos armados, procesos de justicia transicional y reformas internas. Es necesario traer al debate público dichos tópicos a fin de generar consensos entre de los actores más importantes de la sociedad sobre cómo enfrentar estos problemas. Más allá de la discusión política, un foco en y desde las comunidades locales permite avanzar en el corto plazo.
