*El siguiente reportaje hace parte del especial “Amazonia, una selva que arde”, elaborado por el periódico El Tiempo y el Centro ODS para América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes. Para leer otros artículos del especial, haga clic aquí. 

Por: Tatiana Rojas Hernández-Periódico El Tiempo 

Alas 11:30 de la mañana, un helicóptero aterrizó en el patio de Gloria López: esposa, madre y abuela. Mientras preparaba el almuerzo, un grupo del Ejército de Colombia y otro de la Policía Nacional rodearon su casa. Apuntando con armas hacia su cuerpo le preguntaron por su esposo, Gildardo Toledo Villa. Su nombre aparecía en una lista de la Fiscalía por presuntamente deforestar 39 hectáreas de bosque primario para acondicionar pastizales y criar ganado en áreas protegidas.

Fue a la sala a buscar a su nieto que, para ese momento, el primero de febrero del 2020, tenía 13 años. Ahí se dio cuenta de que había seis helicópteros sobrevolando su finca. Antes, cuando las extintas Farc dominaban la vereda Platanillo –que se encuentra dentro del Parque Nacional los Picachos, Meta–, su patio era la pista de aterrizaje de las Fuerzas Armadas. Por eso estaba acostumbrada a la llegada y salida de helicópteros en su propiedad. Sin embargo, esta vez, al ver a los soldados buscando armas, dinero, pruebas de un crimen dentro de su casa, sintió miedo.

“Me explicaron que mi esposo tenía una orden de captura y que me llevarían a La Macarena (Meta) en su lugar, porque él no estaba. Duramos como 15 minutos discutiendo porque no había razón para que hicieran eso. Les dije que no podía dejar a mi nieto solo, pero nada valió. Me amenazaron con que se lo iban a llevar y del susto acepté subirme al helicóptero. Uno de ellos me dijo que me daba la oportunidad de empacar dos mudas de ropa y útiles de aseo. Nos subieron al helicóptero, nos quitaron el celular, nos sentaron en el suelo; yo solo rezaba para que no nos fuéramos a estrellar con otro de los helicópteros. Todo fue un atropello”.

También dicen que construyeron sus casas y ampliaron sus actividades agropecuarias y ganaderas porque recibieron apoyo del Estado. La Fiscalía conoce muy bien este drama social. Pero, en conversación con este diario, aseguran que aún así deben actuar, ya que su deber es judicializar a quienes se aprovechen de los recursos naturales de los colombianos:

“Simplemente no podemos ignorar a quien esté dentro de los Parques Nacionales y haya deforestado, pese a que no sea el gran determinador. Es la manera de desincentivar a los pequeños campesinos: sacándolos y mostrándoles que cometen un delito. La única medida de aseguramiento contra ellos es que se les prohíbe ingresar al parque”.

Una de las acciones que ambientalistas y organizaciones que buscan la protección de la Amazonia estaban exigiendo al Estado era la intervención judicial para detener a los determinadores de la deforestación en esta selva; es decir, a quienes pagan millones y millones de pesos por tumbar a gran escala. Sin embargo, para la Fiscalía los ‘grandes determinadores’ son las personas que tienen más de 100 hectáreas de tierra con más de 200 cabezas de ganado en Parques Nacionales. Entre ellos se cuentan los grandes ganaderos y también estos campesinos y colonos.

A las 4 de la mañana, uno de estos campesinos que actualmente tiene orden de captura por promover la deforestación en áreas protegidas nos recoge en San Vicente del Caguán con destino al Parque Nacional Tinigua, donde nos esperan varias familias que han sido capturadas o tienen orden de captura por la Fiscalía. Este hombre, de 35 años, de jeans y camisa, dice que prefiere moverse en la madrugada, cuando no hay retenes militares.

En su camioneta Chevrolet salimos por la vía que conduce a San Juan de Lozada. Entramos a una trocha en la que hay un peaje ilegal de campesinos, que cuesta 5.000 pesos por cada carro. Asegura que el dinero se usa para arreglar la vía. Dos horas después, Google Maps nos indica que estamos dentro del parque. No hay otra forma de saberlo porque no hay ningún aviso ni señalización que indique que es un área protegida. En algunas partes, al lado de la carretera ilegal que fue construida por los mismos campesinos con maquinaría que ellos compraron, se ven algunas vacas sentadas en un extenso pastizal. No hay ningún campesino o casa alrededor.

A medida que avanzamos, este hombre, quien pidió no revelar su identidad, nos avisa que veremos muchos árboles en el suelo, pero nos recomienda que no nos asustemos porque no es para ampliar la ganadería: quieren arreglar la carretera. En su ingenuidad cree que ampliar una vía en una área protegida no es tan grave y que tiene menos impacto. Decidimos, entonces, parar justo en un bosque tupido para contemplar a una manada de monos churucos (Lagothrix lagotricha), que usan estos árboles para moverse y alimentarse en la selva. En ese punto nos dimos cuenta de que para este campesino estos árboles también son valiosos por la biodiversidad que albergan, pero en su idea de desarrollo debe elegir: los árboles o él.

La ofensiva de la Fiscalía

De esa necesidad de judicializar a quienes están acabando con el bosque amazónico de Colombia nacieron dos grandes operativos con los que tanto la Fiscalía y otras instituciones como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ambiente y el Ideam se han unido para cerrar frentes que antes no tenían contemplados cuando se habla de deforestación.

Desde el 2019 se ha implementado en los parques Tinigua, La Macarena, Picachos, La Paya y Serranía de Chiribiquete la Campaña Artemisa, una estrategia militar del Gobierno Nacional para proteger los Parques Nacionales de la deforestación y de la presencia de grupos armados ilegales. Fue en el marco de esta estrategia que Gloria López, su nieto y algunas de sus vecinas fueron capturadas.

De acuerdo con el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, gracias a esa campaña han intervenido 9.200 hectáreas que estaban siendo aprovechadas ilegalmente. Sin embargo, reconoce que solo han logrado un control efectivo; es decir, que se frenó la deforestación y se hizo presencia estatal en 5.267 hectáreas ubicadas en la vereda de Ciudad Yarí, en San Vicente del Caguán. En las demás, los capturados han regresado con sus actividades agropecuarias y de ganadería.

Además, en un informe de la Fundación Ideas para la Paz (‘Fuerzas Militares y la protección del ambiente: roles, riesgos y oportunidades’) llegaron a la conclusión de que esta campaña es poco eficiente y muy costosa. Por un lado, porque no se hacen efectivas las capturas y la mayoría son campesinos, como aseguran las personas que hablaron con este diario. Y por otro lado, las cifras no son claras: mientras el Ministerio de Defensa habla de 56 capturas a septiembre de 2020, la Fiscalía reporta 62 personas judicializadas. Nadie está en la cárcel. Para lograr estos resultados, según el Ministerio de Defensa, se han invertido 3.000 millones de pesos (a septiembre del 2020). Vale aclarar que la Campaña Artemisa llegó a su novena fase en febrero del 2021. Y vienen más operativos.

Atendiendo o no estas críticas, la Fiscalía puso en marcha una segunda estrategia llamada Los 40 Principales y a la que EL TIEMPO tuvo acceso a finales de diciembre del 2020. A través de la Unidad de Inteligencia Financiera han realizado análisis económicos de las personas que tienen predios dentro de estas áreas, mueven ganado de manera legal e incluso tienen créditos con diferentes entidades financieras.

Pero lo más grave es que son personas que están registradas en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Banco Agrario, la Federación Colombiana de Ganaderos, entre otras. Es decir, que por omisión o desconocimiento, estas instituciones les auspician sus actividades ilícitas dentro de estas áreas protegidas.

“No soy un criminal”

Un hombre de rostro ajado, que prefiere no revelar su identidad, dice que vive desde hace 21 años en el Parque Nacional los Picachos. Empuña con fuerza un bastón que le sirve de soporte para caminar. Lo deja a un lado y se sienta con dificultad en una silla de un salón comunal. Sobre su hombro derecho cuelga un poncho y, en su cabeza, luce un sombrero. A sus 62 años es considerado por la autoridades como uno de los grandes deforestadores de la Amazonia, igual que sus dos hijos, quienes en este momento tienen orden de captura. Pese a que en el 2018 le decomisaron 600 cabezas de ganado y le dinamitaron todos sus corrales, hoy nuevamente tiene 300 reses en el Parque Nacional los Picachos. Dice que la única forma de que lo saquen de su tierra es pagándole todo lo que ha invertido.

Como la mayoría, asegura que en el 2000 compró una finca en un área protegida por 50 millones de pesos y empezó con 50 cabezas de ganado. Para expandirse tumbó y quemó el bosque, pero asegura que la última vez que lo hizo fue en el 2017, cuando tumbó 86 hectáreas, porque esa era la orden de las disidencias de las Farc: que tumbara lo que quisiera. Contrario a lo que ocurría con la extinta guerrilla, que mantenía el bosque para su protección, las disidencias, en diferentes regiones, están dando la orden de tumbar para incrementar la ganadería y los cultivos ilícitos. De ahí que la Fiscalía también esté detrás de Gentil Duarte, jefe del Frente Séptimo de las disidencias de las Farc, por auspiciar la deforestación.

“Cuando me capturaron en la finca, metieron 45 camiones para sacar mi ganado y el de mi hijo. Aunque mi familia hizo hasta lo imposible por evitarlo, eso es como pelea de tigre con gurre amarrado. Era un ganado seleccionado, sacaba 14 canecas de leche de 50 vacas que ordeñaba. Tenías mis guías de movilización de ganado que entrega el ICA y también mi vacuna. Todo era legal. El Banco Agrario me prestaba lo que quisiera. Esa es la rabia que me da, porque en el momento en que me capturaron salí como el peor delincuente de la región, salí como testaferro porque la fiscal dijo que mi ganado era de la guerrilla”.

Por ese evidente apoyo del Estado a los campesinos que han deforestado para tener sus actividades productivas dentro de Parques Nacionales, en el 2019 la Fiscalía le ordenó al ICA bloquear las guías de movilización de ganado (un documento para mover cualquier bovino en el país) y al Banco Agrario dejar de aprobar créditos para el desarrollo de proyectos productivos dentro del patrimonio natural de los colombianos. También les prohibió a los alcaldes de estas zonas entregar cartas de colonos, que son algo así como títulos de propiedad de las tierras. Todo con la intención de bloquear las actividades productivas que se desarrollan dentro de los parques naturales con permiso del Estado.

Pero es muy difícil que en la práctica esto ocurra: las áreas protegidas tienen veredas legalmente constituidas, asociaciones campesinas, escuelas e internados construidos con recursos del Estado, al igual que proyectos productivos de muchos años atrás desde las primeras colonizaciones. De acuerdo con Élver Medina, representante legal de Ascal-G, no están dispuestos a dejar todo eso atrás.

Las omisiones

A través de una llamada por Zoom, Alfonso Araújo Baute, subgerente de Protección Animal del ICA, le explica a EL TIEMPO cómo funcionan esas guías de movilización: una herramienta con la que esta institución ha tenido información de las fincas y ganaderos que están en áreas protegidas y que llevan años y años moviendo ganado con su autorización. Dice que para entregar esta guía, la persona debe tener registrado su predio con el ICA, proporcionar el nombre de la vereda y de la finca, la cantidad de animales que tiene y la especie que maneja.

“Sí, sabemos qué ganado y qué leche sale de áreas protegidas. Con Fedegán, durante las campañas de vacunación llegamos al 98 por ciento de los predios que existen en el país que vacunan, sabemos en dónde está el predio, porque estamos trabajando con un dispositivo de captura de información que usa el Dane, que nos permite georreferenciar su ubicación”, advirtió el funcionario.

De ahí que para las personas que viven en los parques Tinigua y Picachos se sienten traicionados por el mismo Estado, pues mientras el ICA tiene toda la información legal sobre sus actividades productivas y las avala, la Fiscalía los persigue y los desplaza de sus fincas.

Con esa misma información que tiene el ICA, la entidad le mostró a este diario la magnitud del problema que existe en estas áreas protegidas: el ganado en estos parques ha crecido de manera acelerada en los últimos cuatro años.

Según la información que tienen de tres veredas que están dentro del parque La Macarena, en 2016 había solo 304 cabezas de ganado y para el 2020 esa cifra creció a 4.722. En el Parque Nacional Tinigua, en una sola vereda había 1.854 cabezas de ganado en 2016 y para el 2020 la cifra se disparó a 6.668. En el Parque Picachos, la ganadería no ha cambiado mucho: en 2016 había 5.270 y para el 2020 ya eran 5.313. En el Parque Serranía de Chiribiquete aseguran que en 49 veredas analizadas no se encontró ganado registrado en el ICA; es decir, ganado legal.

Para asumir la responsabilidad que tiene esta institución en la deforestación y ayudar a disminuir esas cifras, desde junio de 2018 decidieron bloquear las guías de movilización solo en 13 veredas que están 100 por ciento en los parques Chiribiquete, Tinigua, Picachos y La Macarena. Sin embargo, en este listado no aparece la vereda del hombre del testimonio; es decir, pese a que es considerado un gran deforestador, en su ubicación, el ICA todavía autoriza la salida de su ganado.

Para Araújo es posible que cualquier colombiano pueda conocer el origen de la carne y lácteos que consume en las ciudades —para que los consumidores sepan si viene de un área deforestada o no—; sin embargo, cree que es solo un trabajo del Invima, ya que como ICA no están dispuestos a desestimular el consumo de carne que viene de las áreas protegidas.

“Si nosotros como ICA decimos que no compren la carne que sale de los parques, pues vamos a desestimular la cría allá, pero resulta que lo que tenemos que desestimular es que se metan a deforestar e instalen una gran producción”. Respecto a la vacunación, Araújo es enfático al decir que, sin excepciones, todo el ganado del país debe ser vacunado, sin importar si está o no en áreas protegidas. Solo así se pueden proteger las condiciones sanitarias del país y evitar enfermedades como la fiebre aftosa.

Para expertos en el tema, es clara la responsabilidad del ICA en la deforestación y la ampliación de la ganadería en estas áreas. Además, no se entiende cómo, pese a tener toda esta información de los ganaderos que están destruyendo estos Parques Nacionales, solo hasta el 2018, por orden de la Fiscalía, empezaron a compartirla con esta institución. Pese a que EL TIEMPO le preguntó al ICA por qué no entregaron esa información antes, no hubo respuesta, solo dicen que es información muy sensible para hacerla pública.

Financiando la deforestación

Pero las contradicciones del mismo Estado no paran ahí. Durante años, el Banco Agrario, una entidad financiera estatal que ofrece créditos a los pequeños campesinos, financió proyectos productivos dentro de las áreas protegidas. En pocas palabras: financió la deforestación.

Andrés Zapata González, vicepresidente de Banca Agropecuaria del Banco Agrario, aceptó que cometieron errores “por ineficiencias tecnológicas”. Sin embargo, afirma que desde el 2015 están corrigiendo estos problemas y añade que en el 2018 decidieron emitir una circular que prohíbe entregar créditos a personas que viven en estos lugares.

“Identificamos todas las áreas protegidas del país y se sistematizó, de manera que con los códigos catastrales de cada una de las solicitudes de crédito con nuestros clientes tenemos la forma de identificar si se está haciendo una actividad agropecuaria en un área protegida, y de inmediato se bloquea”.

Zapata también explicó que crearon una herramienta que les permite hacer georreferenciación del predio cuando hacen las visitas a una vereda. Así sabrán si está dentro de parques o no. Sin embargo, aún no ha sido posible conocer esa herramienta y muchos expertos tienen dudas sobre su efectividad, ya que el país no cuenta con un catastro actualizado.

Además, los mismos campesinos con los que este diario habló entregaron evidencia de créditos que les fueron desembolsados en el 2018, fecha en la que, según Zapata, el Banco Agrario ya había tomado acciones.

Zapata añade que a las personas que están solicitando créditos no se les puede eximir de su responsabilidad porque sabían que estaban en un área protegida; así que “engañaron al Banco Agrario” porque muchos usuarios tienen predios por fuera de parques y solicitan el crédito para estos predios ‘legales’, pero invierten los recursos en las áreas protegidas. Por eso, según él, esas personas deberán terminar de pagar sus créditos y no se les volverá a entregar un crédito más.

Caminamos por el Parque Nacional Tinigua y el campesino que nos ha transportado en su camioneta dice que encontrarán las formas de seguir viviendo en el área y de sacar el ganado, pues afirma que no hay puestos de control del ICA ni de la Policía que les impida hacerlo. Dice que ninguna de las personas que han sido capturadas —y a quienes les quitaron el ganado y les quemaron los corrales construidos con los créditos del Banco Agrario— piensan irse del territorio por las medidas que se están tomando. Para ellos, salir de allí no es una opción, más cuando durante muchos años sus terrenos y sus actividades fueron aceptadas por el Estado.

Ya de regreso a San Vicente del Caguán, cuenta que teme volver por la misma carretera. Dice que durante el día es más probable caer en un retén militar y ser enviado a la cárcel. No es una sensación con la que quiera vivir más; por eso, dice que le pagó a un abogado que ha tenido casos similares al suyo para que encuentre una solución con la Fiscalía. Es decir, que pueda seguir viviendo en su finca, con su familia y su ganado, con el permiso de la fiscal y de Parques Nacionales.

Justo en ese momento se da cuenta de que algo raro pasa en el camino. Las motos que van adelante disminuyen la velocidad. Su rostro cambia drásticamente y deja de hablar. Le preguntamos si es mejor que regresemos, pero dice que no, que irá despacio, porque no está seguro si hay un retén. En una de las curvas, dos policías en sus motocicletas están parqueados hablando con dos motociclistas que salen de San Vicente del Caguán. Se ríe y dice que se ha salvado, que solo están parando a quienes salen: no a los que estamos entrando al pueblo. Todos guardamos silencio.

En una zona históricamente afectada por el conflicto armado, reconocida por los colombianos por las historias más crudas de la guerra, este campesino repite que sienten que son nuevamente atacados, pero esta vez por el Estado, el mismo que incitó a fortalecer sus actividades económicas y que, ahora, según él, “los está desplazando” por habitar una zona protegida.

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