América Latina y el Caribe enfrenta como región grandes retos en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), esto se debe a los altos niveles de desigualdad que se presentan en la mayoría de los países, también en los mercados laborales informales que generan gran vulnerabilidad en la población económicamente activa y a la falta de concientización y políticas públicas que busquen proteger los recursos naturales.

De acuerdo con los resultados del último Índice de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2022 para América Latina y el Caribe, la región lleva un cumplimiento de menos del 60% de los indicadores, con niveles bajos o escasos de progreso en la implementación de los diferentes ODS. Adicionalmente, se evidencian grandes inequidades entre países como Guatemala y Honduras con niveles de cumplimiento menores al 50%, mientras que Brasil logra un cumplimiento cercano al 70%, siendo este el país con el mayor porcentaje de cumplimiento en el Índice ODS.

Dentro de los indicadores con mayor logro se encuentran, el ODS 1 de fin de la pobreza y el ODS 13 de acción por el clima. Ambos ODS tienen un cumplimiento mayor al 70% en promedio en la región. En el primer caso se evidencia que a pesar de que la región vio un aumento de los niveles de pobreza durante el 2020, como resultado de la pandemia por Covid19, en promedio la región ha logrado un avance importante en la reducción del porcentaje de personas que viven en pobreza por ingreso, utilizando las líneas de pobreza extrema de 1.9 USD por día o de 3.5 USD por día. En el caso del ODS 13, se resalta que la producción de emisiones de C02 en los países de la región es relativamente bajo en comparación con otros países y regiones del mundo, sin embargo, la región es una de las más afectadas y vulnerables al cambio climático, con un número de fenómenos naturales asociados a cambios en el clima que se presentan anualmente que va en aumento.  Otro hallazgo importante del Índice ODS es que la tendencia en el avance en el cumplimiento de los ODS es bastante baja, con todos los países presentando indicadores con rezagos importantes y con tendencias decrecientes. En otras palabras, si los países continúan con la tendencia actual, pocos serán los objetivos y metas cumplidos. Esto resalta la necesidad de contar con una estrategia que permita cumplir con la Agenda 2030, y más importante aún, implementar políticas sostenibles en donde se respeten los límites del planeta, se promueva el desarrollo y bienestar social de todas las poblaciones, incluyendo los grupos usualmente dejados atrás como son las mujeres, población indígena, población con discapacidad, migrantes y de minorías étnicas.

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Un análisis detallado de los cambios observados durante el 2020 y como la pandemia por COVID19 afectó el avance de los ODS, resaltó que, en la esfera económica, el crecimiento de la región (ODS 8.1) se vio afectado de manera negativa, en todos los países de la región, excepto Guyana y Republica Dominicana, con tasas de crecimiento de sus Producto Interno Bruto negativo. Adicionalmente, la región se caracteriza por altos niveles de informalidad e inestabilidad laboral, lo cual fue uno de los factores que causó que el efecto económico y social de la pandemia fuera mucho más grande que en otras regiones del mundo. La región también se caracteriza por presentar altos niveles de desigualdad económica y de oportunidades, con una distribución desigual de recursos entre e intra-países. La pandemia por Covid-19 generó un aumento en los niveles de desigualdad, los cuales aún antes de la pandemia ya venían aumentando sumado a que la reducción de la desigualdad se había visto estancada desde el 2017. Lo cual revela, que aún sin la pandemia, el cumplimiento del ODS 10 de reducción de las desigualdades para los países de América Latina y el Caribe ya presentaba problemas.

En la esfera social se resalta que la región enfrenta grandes retos en el cumplimiento del ODS 3 de salud y bienestar, en el cual se evidencia un aumento de la mortalidad materna e infantil durante la pandemia. Estas tasas en algunos países no han podido regresar a los niveles prepandemia y revelando que existen problemas estructurales de acceso a servicios de salud para mujeres durante el embarazo. Adicionalmente, la región se ha caracterizado por una alta tasa de cobertura de vacunación para menores de 5 años, sin embargo, desde el 2016 se vio una reducción en la tasa de vacunación. Fenómeno que fue exacerbado por la pandemia por Covid-19 y es preocupante dado que la vacunación es uno de los principales mecanismos para prevenir la mortalidad infantil y de menores de 5 años y la existencia de patologías prevenibles en niños y niñas. Con respecto a la educación (ODS 4) se evidencia que la región enfrentó la pandemia por Covid19 con una baja cobertura de internet en los colegios, con por ejemplo países como Paraguay con menos del 10% de los colegios reportando tener acceso a internet. Adicionalmente, aunque la tasa de matrícula no se disminuyó durante el 2020 y 2021, no se conoce a cabalidad cual fue el efecto de la educación virtual en el aprendizaje que niños, niñas y adolescentes tuvieron durante este periodo. Otro ODS a resaltar es el ODS 5 de equidad de género, en donde se subraya la falta de datos que permitan el monitoreo y análisis del avance o retroceso en el cumplimiento de sus indicadores. En aquellos indicadores en donde se cuenta con datos, se evidencia que las mujeres y niñas son aquellas que enfrentan mayores barreras de acceso a educación, empleo y oportunidades, con una carga de cuidado y de trabajo no remunerado, el cual no ha sido reconocido en muchos de los países como una problemática que debe ser solucionada.

En la esfera ambiental, América Latina y el Caribe es la región más biodiversa del planeta, sin embargo, enfrenta grandes retos en el cumplimiento de los ODS relacionados con el medio ambiente, como son el ODS 13 de acción por el clima, ODS 14 de vida submarina y el ODS  15 de vida de ecosistemas terrestres. En el caso de acceso a fuentes de aguas limpia (ODS 6), la región es una de las regiones del mundo con mayor número de fuentes hídricas, sin embargo, estás han disminuido de manera importante en los últimos cuarenta años. Adicionalmente, resaltar que el número de áreas protegidas por país, aunque ha aumentado en los últimos años, es heterogéneo entre países, con países como Paraguay con un porcentaje de áreas protegidas menor al 5% o Dominica con 0% de áreas protegidas, mientras que República Dominicana cuenta con 81,45% de áreas protegidas de acuerdo con Key Biodiversity Areas.

1. Falta de información que permita monitorear el cumplimiento de la Agenda 2030.                             
2. Falta de alineación de las políticas públicas con el concepto de sostenibilidad y de desarrollo que promueve la Agenda 2030 y los Acuerdos de París.                                                                              
3. Un estancamiento generalizado del cumplimiento de la Agenda 2030 en los países de la región, con un desempeño negativo en la mayoría de los indicadores y una tendencia al retroceso en el cumplimiento de los ODS.               
4. Existen retos generalizados en las tres esferas de desarrollo sostenible que hacen que la región necesite plantear soluciones innovadoras y transformadoras para lograr el cumplimiento de la Agenda e implementar un cambio en el modelo de desarrollo en donde la naturaleza y las personas se conviertan en el centro del modelo.

Ingrese para leer el documento original “Changing levels of income and multidimensional poverty among persons with disabilities in Colombia: A pseudo panel analysis” escrito por la doctora Mónica Pinilla-Roncancio, Gustavo Cedeño Ocampo, Ana Maria Medina Ch, Claudia M. Cortés García y Beatriz Muñoz Veira, como parte del proyecto Discapacidad y pobreza en el contexto de la pandemia por Covid-19 en Bogotá: respuestas, experiencias y retos frente al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, financiado por la Universidad de los Andes- Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del Rosario

“En Colombia, más del 4% de la población mayor a 5 años vive con alguna discapacidad”.

Se han identificado preocupantes aumentos de la pobreza por ingreso y multidimensional para las personas con discapacidad en Colombia como resultado de la pandemia por Covid-19. Este artículo estudia la evolución en el tiempo de la incidencia de pobreza para los hogares con y sin personas con discapacidad. Además, busca analizar el potencial efecto de la pandemia por Covid-19 en los niveles de pobreza de este grupo poblacional en Colombia, e identificar si comparados con hogares sin miembros con discapacidad, el aumento de la incidencia fue mayor para las personas con discapacidad y sus familias. Este estudio emplea datos de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE entre 2018 y 2022. 

Desafíos para las Personas con Discapacidad en Colombia: 

Las personas con discapacidad en Colombia suelen enfrentar desafíos considerables para acceder a servicios médicos, educativos y de empleo. A pesar de la creciente conciencia sobre esta realidad, las políticas públicas y programas para reducir la pobreza no ponen suficiente énfasis en la inclusión de las personas con discapacidades y de acuerdo con un análisis reciente, el sistema de protección social en Colombia no incluye de manera adecuada a las personas con discapacidad e ignora la realidad de este grupo y sus familias. 

La Pandemia de Covid-19 y sus Potenciales Impactos en el Bienestar de las Personas con Discapacidad en el País: 

A nivel global, la pandemia de COVID -19 ha incrementado las desigualdades preexistentes, y las personas con discapacidad no han sido la excepción. El acceso a la atención médica ha sido obstaculizado y las estrategias educativas relacionadas con la pandemia han tendido a marginar a este grupo. Los niveles de pobreza, tanto en ingresos como multidimensionales, han experimentado aumentos significativos entre las personas con discapacidades. De acuerdo con los resultados del estudio, la población con discapacidad y sus familias presento un aumento similar en los niveles de incidencia de la pobreza por ingreso y multidmensional, sin embargo, la reducción ha sido mucho más lenta para este grupo poblacional.

Situación en Colombia: 

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha dejado una huella profunda en los índices de pobreza monetaria y multidimensional en el país. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza por ingresos aumentó notablemente en 2020. Aunque se registró una disminución en 2021 en términos absolutos, aún hace falta evidencia que examine completamente los posibles efectos negativos de la pandemia en la situación económica de los más vulnerables. 

Un Análisis Pionero: 

Este estudio representa el primer análisis en Colombia de los cambios en los niveles de pobreza en hogares con miembros con discapacidades, así como el potencial efecto de la pandemia de COVID-19 en la pobreza de esta población. Utilizando la Encuesta de Calidad de Vida de 2018 a 2022, se explorarán tendencias en la incidencia de la pobreza en ingresos, multidimensional y subjetiva. Además, se examinó si la probabilidad de ser pobre es mayor para los hogares con personas con discapacidades y cómo estas diferencias han evolucionado desde 2020. 

Este análisis contribuye a la literatura existente sobre la situación de las personas con discapacidades en el país y proporciona información valiosa para la formulación de políticas públicas inclusivas que aborden las necesidades específicas de este grupo vulnerable. 

En el marco de la COP28 y con la expectativa de alcanzar las metas pactadas en los acuerdos de París se reunieron más de 80000 actores clave en Los Emiratos Árabes del 30 de noviembre al 13 de diciembre de 2023  . En esta COP 28, se lograron avances significativos para el compromiso de los objetivos globales como el acuerdo sobre “una transición para dejar atrás los combustibles fósiles”, y los compromisos para triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética para 2030.

No obstante, insisten los activistas y las entidades participantes sobre la importancia de persistir en la veeduría ciudadana para rectificar que los audaces compromisos allí pactados por organizaciones internacionales y países avancen de forma eficiente y completa y estos tratados se conviertan en acciones. Es fundamental conocer la experiencia de activistas jóvenes cuya agenda se atañe puramente a su deseo de mejorar el presente y el futuro de las personas y los ecosistremas, sobre todo aquellos más vulnerables ante la inminente crisis climática.

Invitamos a Juliana Andrade, representante de la LCOYCO3 (Conferencia Local de Juventud sobre Cambio Climático) en la COP28, a contarnos su experiencia durante esta importante reunión y cuáles fueron los puntos clave que se discutieron y que le servirán de guía para continuar desempeñando su papel crucial como investigadora comunitaria dentro de LCOY Colombia, centrándose en un enfoque de género y étnico en la mitigación y prevención de riesgos y efectos del cambio climático. Juliana es una mujer rural, joven campesina y Quillacinga, de Botanilla, vereda al sur de la ciudad de Pasto en Nariño, Colombia. Actualmente, ella es estudiante de Geografía en la Universidad de Nariño. 
 
Desde el 2022 es miembro activo del Grupo de Investigación en Geografía Física y Problemas Ambientales Terra, además, es investigadora comunitaria en temas ambientales y formadora en educación ambiental en zonas rurales. Colabora con la organización Tejiendo pensamiento, promoviendo la justicia climática y apoyando la iniciativa “Mujeres Urdiendo en la Ciencia”. 

Juliana comenta que existe evidencia de vacíos estructurales que dan pie a percepciones ambiguas y a compromisos confusos firmados en la culminación de la COP28.  

En primer lugar, menciona que después de conversaciones entorno a la reducción o eliminación del uso de combustibles fósiles se acordó una transición hacia la eliminación de combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón). Esto, por medio de un pacto de reducción gradual de combustibles fósiles, que no es vinculante y tiene varios obstáculos para la aplicación de este alejamiento gradual en países dependientes de los derivados fósiles. 

En segundo lugar, Juliana menciona que el balance global no ofrece suficientes medidas para fortalecer la acción climática en su objetivo de limitar el calentamiento global entre 1,5 y 2 grados centígrados. Alineado con este problema, no se presentan diferenciaciones entre los cursos de acción necesarios para cumplir este objetivo por parte de los diferentes países con relación a su nivel de desarrollo y niveles de vulnerabilidad. Especialmente al revisar los casos de países insulares. 

En tercer lugar, se recalca la importancia del compromiso para detener la deforestación a 2030 a pesar de las discrepancias que rodean el tema.  En la COP 28, se adoptó la Declaración de Dubái sobre la Deforestación, en la que los países se comprometieron a detener y revertir la deforestación y la degradación forestal a nivel mundial para 2030. El acuerdo también estableció un objetivo intermedio de reducir la tasa de deforestación mundial a la mitad para 2025.

Según el informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), la deforestación es responsable de aproximadamente el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Los bosques son fundamentales para la regulación del clima, la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

Finalmente menciona con optimismo la firma de más de 80 países a la declaración de paz, recuperación y clima. Esta declaración multiactor se compromete a realizar acciones colectivas audaces que apunten a la resiliencia climática de los territorios, recordando la promesa de no dejar a nadie atrás y reconociendo la importancia de proteger a las comunidades, así como a los ecosistemas. Insiste además en que es fundamental el aumento y monitoreo del financiamiento local y regional con énfasis climático que impacten de forma positiva a países más afectados por conflictos internos y vulnerabilidad climática.

Las juventudes exigieron que los políticos responsables den prioridad a las necesidades de los millones de niños y niñas del mundo que sufren desplazamientos por catástrofes naturales. Estas catástrofes no solamente afectan negativamente el desarrollo de las niñeces y el ejercicio de sus derechos y deberes, sino que impone mayores cargas para las madres y mujeres encargadas del cuidado.  

Así mismo, las juventudes dejaron una declaración mundial que fue entregada a los delegados de la COP28 para que se promueva el empoderamiento y la educación juvenil para romper las barreras que impiden que este sector de la población participe de la toma de decisiones para construir agendas transversales, interétnicas e incluyentes con comunidades campesinas, afro, indígenas y diversas. Hacen hincapié también en que la crisis climática evidencia la crisis educativa y en esa medida es fundamental garantizar la financiación de estrategias que respondan a las complejidades asociadas a esta problemática.

Adicionalmente piden que se abran espacios para hacer más accesible la información presentada y las decisiones tomadas para el entendimiento de la ciudadanía. Dado que el lenguaje técnico, legislativo y el idioma oficial (inglés) dificulta el acceso a la información por parte de gran parte de la sociedad.  

Además, menciona con preocupación la urgencia de marcos legislativos y regulatorios que protejan los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes activistas y además faciliten el financiamiento de proyectos de impacto que se desarrollan localmente.  

En la declaración de recuperación y clima,  se establece el compromiso con la resiliencia climática, refiriéndose a acciones que los países deben llevar a cabo a gran escala y con prontitud. La Resiliencia Climática también se compromete con la cooperación internacional, prestando especial atención a los países en vía de desarrollo y adoptando un enfoque específico hacia las comunidades más vulnerables frente a los cambios climáticos.  La declaración busca beneficiar especialmente a naciones insulares que ya ven los efectos del cambio climático, con atención en recursos financieros, capacidades técnicas e institucionales, reconociendo la fragilidad que tienen por su ubicación geográfica y los conflictos internos que aumentan su vulnerabilidad.  

Además, se acordó la creación de fondos destinados a recopilar el conocimiento ancestral de diversos pueblos, con el fin de facilitar la participación de estas comunidades en países como Brasil.

A pesar de la creación de un fondo específico para abordar pérdidas y daños, Juliana argumenta que este presenta vacíos estructurales que obstaculizan el logro de su propósito original. La dependencia de aportes voluntarios y la asignación de recursos a proyectos fuera del marco de la convención plantean interrogantes sobre la gobernanza de los territorios afectados.  Estos fondos son de difícil acceso ya que están suscritos a términos del Banco Mundial y el hecho de que el Banco requiera el 25% del total del fondo, impide que las naciones puedan acceder con facilidad a estos recursos pues aumentaría el endeudamiento nacional.  En consecuencia, la movilización de recursos no será tan efectiva como se esperaría.  

El financiamiento a los países para la mitigación y adaptación al cambio climático se redujo en un 14% en 2021 respecto a los niveles de 2019, aspecto que contradice la promesa hecha en la COP26 de duplicar el financiamiento hacia 2025.  Es fundamental que el financiamiento no solo se concentre en perdidas, sino también en estrategias que promuevan la resiliencia por parte de las comunidades con miras a la reducción de pérdidas ecosistémicas y minimización de los daños sufridos por las comunidades y países vulnerables.  

Juliana asistió como representante de LCOY Colombia. Esta organización le hizo entrega a Susana Muhamad de una declaratoria donde se hacen recomendaciones para la transición justa, pérdidas y daños de biodiversidad y seguridad alimentaria con perspectivas interétnicas y transversales desarrolladas por juventudes en consideración de aprendizajes locales y comunitarios a nivel nacional.  

Durante la COP28 sucedió también una conferencia internacional de LCOY donde los jóvenes de diversas naciones diseñaron documentos base que permitan estandarización en materia procedimental y marcos comunes para promover la continuidad de los proyectos.

También la organización “Tejiendo pensamiento” hizo seguimiento a los temas: cambio climático y género, donde se habló de la experiencia de Senegal como referente del fortalecimiento de procesos inclusivos y fieles a la justicia climática. Asimismo, se sostuvieron mesas de diálogo con mujeres indígenas del Brasil quienes propusieron planes de trabajo integradores e incluyentes y se participó en paneles de perspectivas globales sobre la importancia de la libertad económica femenina por medio de trabajos dignos y la urgencia de derechos de la tierra y protección de los cuidadores. 

Para LCOY, y acorde con el criterio de Juliana para todas las demás organizaciones también, el plan a seguir es sostener relaciones bilaterales de comunicación y cocreación de conocimiento donde, no sólo se intercede por las comunidades, sino se aprende constantemente de las experiencias de hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas.  

A nivel regional y local, es clave que se protejan los ecosistemas, la biodiversidad y el equilibrio sistémico necesario para el bienestar humano y de los ecosistemas. Para el caso específico de Colombia es necesario mantenerse al pie de las decisiones de exploración y futura explotación de pozos petroleros pues es indispensable seguir pujando por la eliminación gradual de la dependencia en combustibles fósiles. También se requiere (tanto a nivel global como local) mayor concentración en garantizar los derechos humanos de las poblaciones y tener este punto como eje transversal de las agendas de los países. Sin embargo, ha sido una discusión difícil por los actuales contextos globales como guerras y conflictos internos.